El recorte en la jornada plantea un “escenario complejo” para la industria alimentaria

Aún es pronto para dar por aprobada la reducción de jornada, que se negocia actualmente entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Sin embargo, si se aprobara, “inevitablemente, la reducción de la jornada plantearía un escenario complejo para la industria alimentaria”, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), más vulnerables a esta “amenaza”, advierte Fernando Moraleda, director de la Oficina Alimentaria de Llorente y Cuenca (LLYC), quien advierte, sin embargo, que la medida puede transformarse en “una oportunidad” para las empresas afectadas.

Entre las empresas, preocupa especialmente el impacto de la reducción de jornada, desde las actuales 40 horas hasta las pretendidas 38,5 horas este 2024, y las 37,5 horas en 2025, en el sector industrial. Y particularmente entre las fábricas que trabajan sin parar durante las 24 horas del día, a tres turnos de ocho horas cada uno.

“Los tres turnos permiten que una planta opere durante 24 horas ininterrumpidas. Este modelo tiene como fin que la producción no se interrumpa. Con ello logran reducir los costes, maximizar así la producción y, en muchos casos, mejorar la calidad del producto”, recuerda Moraleda.

“Es pronto para dar por aprobada la reducción de jornada, así como para dar por segura la respuesta de las empresas”, agrega. Sin embargo, “existe el riesgo de un incremento de los costes laborales al contratar más personal para mantener los mismos niveles de producción. Las pymes del sector [agroalimentario] son especialmente vulnerables a esta amenaza”, insiste.

La reducción de jornada forma parte de la llamada agenda social del Gobierno, que, además de la rebaja en el tiempo máximo de trabajo, planea aprobar otras medidas, como una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a partir de enero y una reforma que encarecerá la indemnización por despido.

Tras nueves meses de negociación, el Gobierno ha citado en una nueva reunión a sindicatos y patronal el próximo viernes, 11 de octubre. El encuentro se producirá tras el movimiento del Ejecutivo, que ha acercado posturas con las de la patronal CEOE, a fin de tratar de sumar a los empresarios al acuerdo. Estas medidas, que incluyen alguna flexibilidad en la aplicación de la norma, como una ampliación en distribución irregular de la jornada, han disparado los rumores que apuntan que la empresarial podría rubricar el acuerdo.

Sin embargo, el Gobierno se niega a trasladar a las mesas de negociación colectiva la reducción de jornada, como le pedían los empresarios. Y prefiere aprobar una ley general, que obligue a las empresas a adaptarse al nuevo entorno.

Para ello tendrá que contar, sin embargo, con un apoyo parlamentario muy caro en el caso de los nacionalistas vascos y catalanes de PNV y Junts, que se muestran reticentes a aprobar la medida en los términos conocidos hasta la fecha.

El Gobierno ha ofrecido a las pymes abaratar la contratación de personal que se derive de la aplicación de la reducción de jornada, con bonificaciones a la contratación de trabajadores necesariamente indefinidos, según lo expuesto en la mesa de negociación.

Además, ha ofrecido acompañamiento a las pymes a través del Plan Pyme 375, que se realiza en los centros integrados en la Red COE del Servicio de Empleo Público (SEPE).

En cuanto a la distribución de la jornada, la legislación actual permite distribuir como máximo un 10% de la jornada de forma irregular, en función de las necesidades productivas de las empresas.

El Gobierno ha ofrecido a los empresarios mantener esta cantidad de horas distribuibles; es decir, un 10% de las actuales 40 horas semanales, aunque se rebaje a 38,5 horas en primer lugar, y luego a 37,5 horas la jornada.

Por su parte, CEOE reclama retrasar la entrada en vigor de la ley, y permitir que sean las mesas de negociación de convenios colectivos las que aborden la rebaja.

Según la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, la reducción de lajornada afectará el 75% de los asalariados que gozan de la cobertura de un convenio colectivo; esto es, más de 13 millones de personas, incluyendo los sectores público y privado.

El Gobierno, en cambio, rebaja esta cifra a unos 12 millones de personas, según afirmó el ‘número dos’ del Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Las actividades más afectadas por la reducción de jornada sin decremento salarial son la hostelería y el turismo en general, así como las actividades agrícolas y ganaderas.

En cuanto al tamaño empresarial, las más afectadas serán las compañías de pequeño tamaño, donde las jornadas suelen ser más largas, explican los expertos.

En la hostelería, por ejemplo, se estima una afectación superior al 99% del total de trabajadores, en torno a 1,37 millones de asalariados, según Cepyme.

En las manufacturas, en cambio, el porcentaje de trabajadores que verían recortada su jornada asciende al 75%; más casi 1,94 millones de personas, según la patronal.

La jornada laboral máxima de 40 horas se instauró en España en 1983. La posible aprobación del nuevo esquema rebajaría en dos años la jornada de trabajo, desde las ocho horas diarias, hasta 7,5 horas; esto es 2,5 horas menos de trabajo cada semana, señalan desde Randstad.

“Si esta medida se implementa, será necesario modificar el Estatuto de los Trabajadores, que regula la jornada máxima legal permitida. Además, este cambio implicará una actualización de los convenios colectivos”, agregan desde la consultora.

Randstad duda de que la reforma se aplique completamente en 2025, tal y como pretendía inicialmente el Gobierno, y cree que no será hasta 2026 cuando lleguen las 37,5 horas.

“La mesa de negociación aún no ha llegado a ningún acuerdo definitivo, y quedan muchas dudas por aclarar”, afirman.

Diferentes expertos han criticado los planes del Ejecutivo y en particular la forma de aplicar una rebaja de jornada que ya se ha experimentado en diferentes países, como Francia, Portugal o Bélgica.

En el caso de Francia, el Gobierno aprobó la jornada laboral de 35 horas en 2002, pero esta medida estuvo acompañada por un paquete de compensaciones a las empresas, que vieron subir sus costes laborales. “En el caso francés se redujeron las cotizaciones sociales y los costes se han podido compensar”, ha afirmado el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres.

En Bélgica, se optó por redistribuir la jornada allí donde se detectaron “nichos de productividad” que permitieron preservar la producción, trabajando menos horas (38 semanales).

Por su parte, Portugal rebajó de 44 a 40 horas la jornada máxima por ley, lo que se tradujo en un incremento de productividad que compensó los costes, aduce el economista.

Torres recomienda la introducción gradual de la medida, y ofrecer a las empresas al menos dos años para adaptarse al recorte en el tiempo de trabajo. “Se trata de encontrar maneras de reorganización del trabajo para encontrar nichos de productividad”, destaca.

En este sentido, Fedea — la fundación de economía aplicada — niega que la reducción de jornada se vaya a traducir inmediatamente en un aumento de la productividad. “Esta imposición podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB”, argumenta el informe firmado por José Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Lahera y Analía Viola.

“Supondrá una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas”, agregan, tras advertir de “consecuencias colaterales no deseadas”, como el probable aumento en el uso de las horas extraordinarias, la compensación de la reducción con más días de vacaciones sin un cambio real de las jornadas laborales, la expulsión del tiempo de trabajo efectivo de pausas o permisos y el aumento de contratos a tiempo parcial de escasas horas.

“La reducción de la jornada laboral debe ser devuelta a la negociación colectiva mediante la firma de un gran acuerdo marco”, recomiendan.

En cambio, según los sindicatos, bajar la jornada aumenta la productividad, al igual que ha ocurrido en otros países europeos, como Alemania, Francia y los nórdicos, dijo el líder de UGT, Pepe Álvarez.

Por su parte, el negociador de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha avanzado nuevas movilizaciones de las centrales sindicales si no se desbloquea la reforma.