Canal Impulso: Mayoristas impactados por el SMI y la reducción de jornada

Una legión de autónomos y pequeñas y medianas empresas surten de dulces y golosinas los establecimientos que conforman el Canal Impulso, allí donde entran en contacto los consumidores y los fabricantes de estas pequeñas delicias, exceptuando otros cauces, como la gran distribución. En este terreno de la compra impulsiva batalla este contingente, que después de ver temblar el suelo bajo sus pies, con varias réplicas de un terremoto inflacionario, con rápidas y sucesivas subidas de costes, mira ahora con preocupación algunas de las primeras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno. 

De momento, las ventas sostienen al Canal Impulso. Pero sus proveedores, el nutrido grupo de mayoristas que cada día recorren la península y las islas, temen el impacto, en forma de elevación de costes, de medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y, sobre todo, la reducción de la jornada mínima, hasta las 37,5 horas en dos años, sin rebaja salarial a cambio.

Son unos 425 actores, incluyendo no sólo a los autónomos, sino a todas las empresas, que operan en España; una quinta parte de ellos agrupados en cinco grandes centrales de compras. Un territorio pyme, y de autónomos con empleados a cargo, a quienes hemos preguntado por el impacto en sus negocios de las medidas anunciadas por la coalición de Gobierno PSOE-Sumar, liderada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz; y, en concreto, por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la anunciada rebaja de la jornada laboral, hasta las 38,5 horas semanales ya en 2024; luego, a 37,5 horas en 2025; y quizás más allá, si lo permite la economía, según prevé el acuerdo de Gobierno. Y todo ello con mantenimiento salarial. 

En líneas generales, los mayoristas confían en vadear bien la nueva subida del salario mínimo, “siempre que las ventas acompañen”, matizan. Más les preocupa, en cambio, la otra medida prevista, “la reducción de jornada”, según sus respuestas recogidas por Dulces Noticias.

Subida del SMI superior al 50% en seis años

El calendario de la convulsa política española ha situado el alza del salario mínimo en la línea de salida de la nueva legislatura. Constituido el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha apresurado a reunir a empresarios y sindicatos, a fin de fijar un nuevo hito en la carrera de este umbral mínimo de las rentas del trabajo. 

Una nueva subida en la senda ascendente del salario mínimo, que sobrepasa así un 50% de revalorización en los últimos seis ejercicios, desde que el socialista Pedro Sánchez llegara a La Moncloa; y un 70% desde 2017, cuando el ‘popular’ Mariano Rajoy subió esta renta un 8%, superando entonces los 700 euros, y dando por terminada la política de ‘cuasicongelación’ de esta renta mínima durante los años de la Gran Recesión, iniciada en 2008. 

Fue Rajoy quien se fijó la meta de llegar a los 850 euros en 2020. Y quien no pudo cumplirla, al ser desalojado de La Moncloa, en 2018, moción de censura mediante, por el socialista Pedro Sánchez, quien, al llegar al Gobierno, abanderó la subida del salario mínimo como principal arma contra la desigualdad, y elevó esta renta un 22% en un solo año, ya en 2019, desde los 735 euros, hasta los 900 euros. 

Desde entonces la empresarial CEOE ha tratado de minimizar los daños; si bien, según le recuerdan los sindicatos, fue la propia gran patronal quien pactó con los sindicatos un salario mínimo, por convenio, de 1.000 euros para 2020, como culminación de su gran acuerdo estatal de convenios sellado en 2018, para el trienio hasta 2020. 

La pandemia se cruzó por medio. Y la patronal, después de recibir duras críticas por parte de algunos de sus asociados, en un año electoral además para su líder Antonio Garamendi, que aspiraba entonces a renovar su mandato, se cuidó mucho de trasladar sus propósitos desde la negociación colectiva, al precio mínimo legal del trabajo, levantándose con estruendo de la mesa de negociación, donde el Gobierno —tan sólo— consulta a los agentes sociales sobre sus planes en relación al salario mínimo. 

Este año CEOE ha tratado de adelantarse a los planes del Ejecutivo, y evitar así los desplantes de 2021, 2022 y 2023, cuando la patronal se levantó sin acuerdo de la mesa de negociación. Para 2024, la gran empresarial propone una subida del 3%; y, como gran novedad, una subida gemela del 3% para el año siguiente, 2025, incluyendo además una cláusula antiinflación, que elevaría el salario mínimo un 1% adicional cada año, siempre que la subida general de precios sobrepase ese 3% anual.

Los sindicatos, sin embargo, consideran insuficiente la subida propuesta por la patronal, condicionada además a ventajas para la agricultura que compensen la subida del salario mínimo, y a un ajuste al alza en los contratos que ligan al Estado y las empresas privadas. CCOO y UGT abogan por alzas en torno al 5%, en la idea de evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, ante la previsión de que la inflación cierre 2023 en una media del 3,8%, según destacó el líder de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo; mientras que UGT, el otro gran sindicato presente en la mesa del SMI, abogó inicialmente por situar en 1.200 euros, desde los 1.080 euros de 2023 — en catorce pagas —, esta renta mínima del trabajo; una subida superior al 11%, según defendió su líder Pepe Álvarez. 

La propuesta sindical y la empresarial chocan además en otro aspecto. Y es que las cláusulas de revisión salarial del 1%, que se activarían si el índice de precios de consumo (IPC) termina el año por encima del 3%, cada uno de los años propuestos por la patronal, 2024 y 2025, son de “difícil aplicación”, según CCOO, para los trabajadores que cobran el salario mínimo.

Polémica en torno al beneficio de subir el SMI

CCOO cifró en 2,27 millones el número de trabajadores beneficiados por la última subida del salario mínimo, en 2023, desde una cuantía de mil euros, hasta 1.080 euros; con sectores como la agricultura con una gran proporción de empleados beneficiados, — casi la mitad, cerca del 47%, concretamente —; que se reducen a un 14,5% en los servicios, y apenas un 7,5% en la industria, según el gabinete económico de este sindicato, con datos de la encuesta de población activa (EPA). 

Las grandes diferencias regionales, sectoriales y por edades, que señala el propio informe, han sido también motivo de polémica entre detractores y defensores del salario mínimo, a la hora de enjuiciar su papel como mecanismo de lucha contra la desigualdad. Así, en 2023, mientras en Extremadura y Canarias más del 22% de todos los asalariados – a jornada completa – se vieron beneficiados; en Navarra, apenas fueron el 6,5%.

Se trata, en resumen, de una renta mínima que retribuye con unos 1.100 euros la jornada completa en lugares muy distintos entre sí; como Madrid, por ejemplo, donde esa suma se muestra claramente insuficiente para vivir; o en cualquier pequeña localidad, por ejemplo, de Extremadura, donde el coste de vida se abarata sustancialmente respecto a la capital. 

Además, añaden sus detractores, el salario mínimo interprofesional, sin distinciones, retribuye igual el trabajo de un profesional experto, que el de un joven en sus primeros años de carrera, cuando su productividad es aún escasa, alegan, recordando que, en el Reino Unido, por ejemplo, se fija un salario mínimo que sólo afecta a los mayores de 25 años. 

Pérdidas de empleo

Otro aspecto muy polémico reside en la pérdida de empleo asociada al hecho de fijar un umbral alto al precio del trabajo. “Tan perjudicial para la economía y para los trabajadores potencialmente afectados puede ser un salario mínimo excesivamente reducido como elevado”, advierten desde el servicio de estudios de BBVA. “Los aumentos del SMI son una excelente noticia en economías en las que crece la productividad y las tasas de empleo son elevadas”, añaden. Y ese no es precisamente el caso español, con una economía campeona en paro y pobre en productividad. 

“Un incremento del SMI supone un aumento del coste laboral para los empleadores”, recuerda el Banco de España. El supervisor español, tras analizar la subida del 22% del salario mínimo en 2019, añade taxativo: “Tras el incremento del SMI en dicho año, hubo un menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios”. Según el supervisor bancario, cada punto porcentual de subida del SMI, se produce un menor crecimiento del empleo de entre 0,3 y 0,5 puntos, precisamente entre los colectivos con menores sueldos. 

Con estas cifras, concluye el Banco de España, tras la subida de 2019, dejaron de crearse o se perdieron unos 180.000 empleos, esto es, entre el 6% y el 11% del empleo neto entre los trabajadores en esa franja salarial. “Tras la subida del SMI del 1 de enero de 2019, se observa una caída brusca de los contratos” en la franja salarial afectada, mayor en todo caso a la caída de la actividad económica. 

Los sindicatos, por su parte, niegan el descenso del empleo derivada de la subida del salario mínimo, o minimizan su alcance. Y enarbolan precisamente el caso español, que ha logrado superar en los últimos años los 21 millones de ocupados, un récord de empleo, a pesar de haber subido con fuerza el salario mínimo entre tanto, en un tiempo marcado, además, por la incertidumbre derivada de la salida de la crisis pandémica y de la etapa inflacionista iniciada incluso antes de la guerra en Ucrania. 

Los autónomos lamentan el alza de costes

Para los autónomos, por su parte, representantes de buena parte de los mayoristas del Canal Impulso, “hay asuntos que forman parte del diálogo social y no deberían salir de ese ámbito”,  lamenta el secretario general de ATA, José Luis Perea, en declaraciones a Dulces Noticias. “El Gobierno debería centrarse en impulsar la negociación colectiva para la ampliación de su cobertura, y no en ‘usurpar’ o reducir su espacio”, continúa. 

En el Canal Impulso, la subida del salario mínimo “afectará sólo a aquellos que tengan que ajustar los convenios”, afirma el representante de los autónomos de ATA, quien se muestra, sin embargo, preocupado por el incremento en costes del 50% que ha supuesto el alza del precio mínimo del trabajo en los últimos años, mientras la actualización de los contratos públicos “ha sido cero”, se queja. 

“Los costes de los autónomos con trabajadores a su cargo no han subido al ritmo de sus ingresos”, continúa el líder de ATA. Y por eso algunos sectores han reaccionado al alza bajando las horas de trabajo, como en limpieza o la dependencia. “Eso no es bueno en ningún sentido”, concluye. 

“Debería replantearse”, afirman desde el mayorista tinerfeño Discana, especialmente “después de las últimas subidas” cercanas al 50% de los últimos años, que sitúan los costes para el empleador en torno a 1.500 euros, una vez sumadas las cuotas a la Seguridad Social; costes que los mayoristas han logrado capear porque “las ventas están acompañando”. En caso contrario, advierte su representante David Rodríguez, “será difícil sostener salarios, cuando la actividad se frene”. 

“La situación económica es incierta”, considera Manuel Megías, mayorista del Canal Impulso del granadino Almacenes Barragán, quien recuerda que el SMI ha subido en los últimos años “bastante más que el coste de la vida”; aboga por subirlo en 2024 “en función de la inflación”; prevé elevar la productividad a fin de adaptarse a la nueva subida, y pone el foco sobre la presión que el alza del SMI impone sobre los salarios superiores, aunque cercanos a esta renta mínima. 

En la misma línea, desde Bigger Golosinas, Manuel San Andrés defiende la subida del 3% propuesta por la patronal CEOE, que sería “asumible” para esta empresa madrileña, cuyos trabajadores, no obstante, están en general “por encima” del salario mínimo, por lo que una nueva subida “no desvía en general los resultados” de la firma, al igual que las anteriores subidas de los últimos años. 

Por último, Delfín García, de la barcelonesa Distribuciones Delfín, se muestra partidario de una subida del 5% del SMI para 2024, en el convencimiento de que el alza “no afectará” a su empresa, como no le afectaron anteriores subidas. 

La reducción de jornada sí quita el sueño

Sin embargo, incluso en este caso, más favorable a una subida del SMI, asoma de forma indiscutible la preocupación por otra de las medidas incluidas en el programa de Gobierno PSOE-Sumar, como es la reducción de la jornada de trabajo, sin rebaja salarial, hasta 38,5 horas a la semana, en 2024; las 37,5 horas, en 2025; y, a partir de ahí, nuevas rebajas a estudiar en una mesa con empresarios y sindicatos, con meta en las 35 horas semanales, o incluso 32, en aquellos sectores que se lo puedan permitir, siempre en función de la evolución de la productividad y de la propia economía. 

“Sí, nos preocupa mucho; somos empresas de servicios y nos afecta bastante el tema”, agregan desde Distribuciones Delfín. 

“Me inquieta considerablemente”, corroboran desde Bigger Golosinas. “No se pueden bajar las horas con el mismo coste”, critica, tras destacar algunas consecuencias de rebajar la jornada laboral, primero sobre el “consumidor final”, que será quien termine pagando el alza de costes, pero también sobre el trabajador, que “estaría sin subidas de sueldo durante un tiempo”, augura. 

“Sí, me preocupa”, coincide desde Discana David Rodríguez. “No tengo claro que sean realmente beneficiosas para nadie”, agrega.

“Será complicado, sobre todo en el ámbito comercial y logístico, donde los tiempos están ya muy ajustados”, precisa Manuel Megías, de Almacenes Barragán. “Si finalmente se adoptara, las empresas más pequeñas quedarían muy expuestas para poder cubrir los horarios de atención al cliente, por ejemplo”, añade.

“El impacto sobre la cuenta de explotación de estas empresas podría ser muy negativo. No olvidemos que, en España, un alto porcentaje del tejido productivo está formado por microempresas, con uno o dos empleados, en las que contratar a otra persona tendría un impacto del 30% al 50% de su presupuesto total”, concluye. 

“Significa subir un 6,5% las cotizaciones sociales, si vamos a pagar lo mismo por 40 horas que por 37,5”, alega desde la federación de autónomos ATA su secretario general, José Luis Perea. “Y es una nueva intrusión en temas de diálogo social”, remata.