Anged: “Proteger al trabajador y mejorar la productividad no son objetivos contrapuestos”

El absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales retos de la gran distribución, un sector especialmente expuesto por “el peso de la presencialidad en tiendas, centros logísticos y otros puestos operativos”. Su impacto genera un coste anual de 240 millones de euros entre las empresas asociadas a La Distribución Anged, una cantidad equivalente al 21,4% de los 1.123 millones de euros de inversión del sector, según el informe ‘Absentismo en retail y gran distribución’, presentado este 30 de septiembre junto a The Adecco Group Institute, en un acto en el que ha estado presente Dulces Noticias.

El estudio, elaborado mediante una encuesta a las principales empresas asociadas y completado con datos de AMAT y de The Adecco Group Institute, sitúa la tasa de absentismo de estas compañías en el 7,9%, muy próxima al 8% registrado en el conjunto del comercio minorista y por encima del 7,6% nacional. Además, el 81,8% de las empresas afirma que el problema ha aumentado durante los últimos tres años.

El coste de 240 millones se reparte entre 103 millones asumidos directamente por las empresas, el 42,9%, y 137 millones por las mutuas, el 57,1%. A ello se suma una pérdida de 12.589.257 horas de trabajo, equivalente a 7.113 empleos a tiempo completo. En las compañías de Anged, el volumen de actividad perdido sería equiparable a 19.000 trabajadores que no acudieran ningún día del año a su puesto de trabajo. En el conjunto del comercio minorista, la cifra asciende a 158.805 personas.

Matilde García Duarte, presidenta de La Distribución Anged, ha puesto el acento en que el absentismo debe abordarse como “un problema estructural de productividad y de organización de las empresas” y no desde la criminalización de los trabajadores. Durante la presentación, ha insistido en que “no es un problema de fraude” y defendió que las compañías deben mejorar la prevención y el cuidado de sus equipos, pero también ha reclamado “una actuación más ágil” de las Administraciones y del sistema sanitario.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para “aprovechar todos los recursos disponibles y reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento”. “No queremos que nadie que esté enfermo vuelva a trabajar, queremos que nuestros trabajadores sean atendidos lo mejor posible, lo antes posible y puedan recuperar cuanto antes su vida normal”, ha afirmado, recalcando que “proteger al trabajador y mejorar la productividad no son objetivos contrapuestos”.

Durante la presentación, se ha puesto el foco en que las contingencias comunes constituyen el principal foco de presión: el 91% de las empresas califica su incidencia como alta o muy alta y concentran alrededor del 75% de las horas no trabajadas. Desde 2018, el absentismo por estas contingencias ha crecido un 60% en las empresas asociadas a Anged. En el conjunto del comercio minorista se iniciaron en 2025 734.522 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, con una duración media de 45,33 días.

En sentido contrario, las bajas derivadas de contingencias profesionales y accidentes apenas representan el 1%, frente al 2,73% de media nacional, un dato que desde la asociación vinculan al trabajo realizado en prevención y seguridad laboral.

Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, ha advertido durante la presentación de que el absentismo ha dejado de ser únicamente una cuestión relacionada con la gestión individual de una baja para convertirse en un factor que afecta directamente a la productividad. “El absentismo es un síntoma de que algo no funciona en una empresa”, ha afirmado, defendiendo la necesidad de afrontar el fenómeno “desde una óptica completamente distinta a la de los últimos años”.

La problemática tampoco se distribuye por igual dentro de las compañías. Según ha explicado Arcas, las tasas más elevadas aparecen en tiendas y puestos operativos con atención directa al público, mientras que logística y servicios centrales muestran una situación más contenida.

Uno de los datos que más preocupación genera es el comportamiento de las incapacidades relacionadas con la salud mental, que ya representan alrededor del 20% de las bajas por contingencias comunes y han duplicado su incidencia durante los últimos años.

Pero el problema no está únicamente en el número de procesos. Su duración media ha pasado de 99 a 136 días en apenas un año, frente a los aproximadamente 43-45 días de una contingencia común. “Los menores de 30 años figuran entre los colectivos más afectados”, ha destacado Arcas.

Las empresas están reaccionando a esta evolución: el 81,8% ya dispone de planes de apoyo psicológico o de salud mental. Algunas organizaciones, explicó el director de The Adecco Group Institute, han incorporado incluso servicios de atención psicológica presencial, online o híbrida para empleados y, en determinados casos, sus familias.

Junto a las causas médicas, las compañías identifican otros factores relacionados con la conciliación personal y laboral, problemas leves de salud, el denominado “efecto lunes” y los puentes, además de “causas difíciles de justificar” que declara detectar el 80% de las empresas.

La repercusión alcanza directamente a la operativa de los establecimientos. Para mantener la actividad ante una ausencia, el 81,8% de las empresas recurre a contratación temporal y el 72,7% reorganiza los equipos, mientras que determinadas bajas quedan sin cubrir por la dificultad de anticiparlas.

Arcas llamó la atención sobre el efecto que puede provocar esta segunda opción: repartir la carga entre una plantilla reducida puede incrementar la presión sobre quienes permanecen en su puesto y acabar generando nuevas bajas por estrés, ansiedad o depresión. En este escenario, señaló como especialmente relevante el papel de los mandos intermedios y su capacidad para detectar problemas antes de que deriven en ausencias prolongadas.

Ante esta situación, Matilde García Duarte ha reclacado la importancia de “permitir que las mutuas puedan adelantar pruebas, tratamientos o rehabilitación cuando puedan realizarlos antes que la sanidad pública y otorgándoles mayor capacidad en la gestión de determinadas incapacidades temporales”. La organización plantea asimismo avanzar en la digitalización e interoperabilidad de la información sanitaria, potenciar las políticas de salud mental y desarrollar medidas de envejecimiento activo.

La asociación también apuesta por medir mejor la frecuencia, duración, recurrencia y coste de las ausencias y pasar de una política centrada en cubrir bajas a otra basada en planificar la disponibilidad real de las plantillas y actuar antes de que determinados procesos se cronifiquen.