Futura ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en España: nuevas medidas y obligaciones

El pasado 18 de octubre y hasta el 1 de diciembre el Gobierno abrió a consulta pública el Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que busca, a través de una serie de medidas, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos que se produce en nuestro país.

Conforme a los datos del Gobierno, se desechan anualmente en los hogares españoles 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona.

En la última década, el problema del desperdicio de alimentos ha sido abordado en múltiples ocasiones, con medidas, estudios e iniciativas llevadas a cabo tanto a nivel internacional, como europeo.

Recientemente, la revisión del 2018 de la Directiva Marco de Residuos estableció para los Estados miembros, la obligación de adoptar medidas para prevenir la generación de residuos alimentarios, y de comunicar todos los años las cantidades generadas de estos residuos para que, en el año 2023 según los datos aportados, la Comisión pueda valorar la posibilidad de establecer objetivos de reducción a nivel europeo.

También el Pacto Verde Europeo, y concretamente la Estrategia de la Granja a la Mesa, incorpora acciones ligadas a la lucha contra el desperdicio alimentario.

En España, la futura Ley de Residuos que actualmente está en tramitación, contempla la obligación de que la administración adopte medidas para reducir la generación de residuos alimentarios en la producción primaria, en la transformación, en la venta minorista y distribución, en restaurantes y servicios de comidas, y en los hogares.

Además, la Estrategia Española de Economía Circular, España 2030, busca disminuir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria, en un 50% de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista, y un 20% en las cadenas de producción y suministro para 2030 respecto al año 2020.

Por su parte, España ya puso en marcha anteriormente diversas iniciativas en relación con el desperdicio alimentario.

Sus principales actuaciones se basaban en la colaboración con las partes implicadas, en el aumento de la concienciación, y el impulso de buenas prácticas de prevención.

Actuaciones contra el desperdicio

Uno de los principales elementos de esta norma es el establecimiento de una jerarquía de prioridades (Capítulo I), que determina que los agentes de la cadena alimentaria tendrán que llevar a cabo sus actuaciones siguiendo el siguiente orden: prevención del desperdicio, uso para alimentación humana incluyendo la donación y distribución, transformación de los productos no vendidos, pero que son aptos para el consumo, uso de los alimentos como subproductos destinados a alimentación animal, uso como subproducto en otras industrias, valorización material obteniendo compost para uso en agricultura, y valorización energética.

Asimismo, además de cumplir esta jerarquía de usos, los agentes de la cadena alimentaria tendrán que disponer de un plan para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como contar con las instalaciones adecuadas, y dar formación al personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo de forma correcta.

También tendrán que informar anualmente sobre la cuantificación de las pérdidas y el desperdicio, y asegurarse de que los productos que entregan tienen una vida útil suficiente para su distribución y consumo, entre otras obligaciones.

En el caso de empresas de hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios, tendrán la obligación de ofrecer al consumidor la posibilidad de llevarse sin coste adicional los alimentos que hayan consumido y deberán informar de ello de una forma visible, preferiblemente en la carta o el menú, utilizando para ello envases reutilizables, compostables o fácilmente reciclables. Se permitirá que el consumidor se lleve su propio envase.

Además, deberán incorporarán criterios de compra sostenible para la reducción de la huella ambiental, flexibilizar los menús, fomentar la donación de alimentos, y entregar los residuos a proyectos de compostaje.

Las empresas que venden alimentos al consumidor final tendrán que incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o caducidad próxima y los que tengan una superficie mayor que la que fijen cada una de las Comunidades Autónomas (CCAA), nunca menor de 400 metros cuadrados, deberán fomentar la venta de los productos poco estéticos, promover los productos de temporada, ecológicos, o de proximidad, además de impulsar la venta a granel e incorporar información sobre el aprovechamiento.

Asimismo, deberán poner en lugares visibles para los consumidores, las propuestas de sensibilización de la Administración.

Tanto las industrias alimentarias, como los establecimientos de comercio al por menor con una superficie superior a la que fijen las CCAA, y que como mínimo sea de 400 metros cuadrados y las de hostelería y restauración, tienen que asegurar que los alimentos no vendidos, pero que siguen siendo adecuados para el consumo, se donen a través de un pacto o convenio regulado. Asimismo, se deberá garantizar la trazabilidad de los productos.

A su vez, para contribuir a la reducción del desperdicio alimentario, se racionalizarán las fechas de consumo preferente.

Para ello, el Gobierno adoptará políticas y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado productos cuya fecha de consumo preferente ya esté pasada, aunque teniendo en cuenta siempre, la normativa europea.

Por su parte, las Administraciones, darán a conocer la correcta interpretación de las fechas de consumo preferente y de caducidad, y promoverán la innovación para alargar la vida útil de los alimentos, entre otras acciones.

Además, para fomentar y controlar la reducción del desperdicio alimentario, las Administraciones fomentarán la autorregulación.

El Gobierno, por su parte, y en colaboración con diversos ministerios, elaborará un Plan Estratégico de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio, con las orientaciones, la estructura y los objetivos mínimos que se deberán cumplir.

También se aprobará el Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que se revisará cada cuatro años, y contendrá los objetivos generales, las prioridades de control y podrá integrarse en el Plan Estratégico.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) realizará un informe anual en el que se recogerá el resultado de la ejecución del Plan Nacional de control de las pérdidas.

En la parte final del proyecto, el artículo 14 (capítulo V) contempla tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves.

Son categorizadas como leves, el no contar con un plan de prevención del desperdicio, el no cuantificar las pérdidas o no informar, o el no disponer de los medios para asegurar que los alimentos no vendidos y que siguen siendo aptos para el consumo humano se donen.

Entre las graves estarían el impedir por contrato la donación de alimentos, no donar los excedentes, o discriminar a la hora de repartir las donaciones, entre otros.

Finalmente, las muy graves son las consideradas graves cuando se producen por segunda vez en el plazo de dos años.

En cuanto a las sanciones previstas, serán de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, entre 6.001 y 150.000 para las graves y entre 150.001 y 1.000.000 de euros para las muy graves.

Por último, la entrada en vigor de la futura ley, según la disposición final cuarta, será el 2 de enero de 2023.

Fuente: Anteproyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.