La crisis de Ormuz eleva los costes energéticos de la industria española en 7.400 millones de euros

La presión sobre los costes de producción se intensifica para la industria española a medida que avanza el año. La Alianza para la Competitividad de la Industria Española, integrada por FIAB, AICE , Anfac, Aspapel, Feique ,Oficemen, Primigea, Sernauto y Unesid, ha advertido hoy del fuerte impacto de la crisis energética vinculada al conflicto en el Golfo Pérsico sobre la actividad manufacturera nacional y reclama una respuesta urgente que permita preservar la competitividad empresarial, la inversión industrial y el empleo.

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por la organización a partir de la evolución y los futuros de los mercados TTF, para el gas, y OMIE, para la electricidad, el incremento de los precios energéticos desde el inicio de la crisis podría generar un sobrecoste de casi 7.400 millones de euros para la industria manufacturera española hasta el cierre de 2026.

El gas representa la mayor parte de este impacto, con un sobrecoste estimado de cerca de 4.220 millones de euros, mientras que el encarecimiento de la electricidad alcanzaría los 3.175 millones de euros durante el mismo periodo.

Además, la situación ha experimentado un deterioro especialmente acusado durante julio, agosto y septiembre, coincidiendo con el recrudecimiento de las tensiones en los mercados energéticos internacionales y con una nueva escalada de los precios del gas y de la electricidad derivada del contexto geopolítico. Según los cálculos de la Alianza, el 70% del impacto económico previsto se concentraría durante el último cuatrimestre del año, entre septiembre y diciembre, lo que incrementa la urgencia de adoptar nuevas actuaciones.

“La crisis de Ormuz no ha originado los problemas de competitividad de la industria española, pero sí ha intensificado unas dificultades que ya veníamos afrontando. El fuerte incremento de los costes energéticos registrado durante los últimos meses exige una respuesta inmediata y decidida que permita mantener la actividad industrial, la inversión y el empleo”, señala Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza para la Competitividad de la Industria Española.

Ante este escenario, la organización considera necesario mantener las medidas actualmente vigentes y reforzar de forma sustancial la respuesta pública, con actuaciones de mayor alcance capaces de hacer frente a la magnitud del impacto energético sobre las empresas.

La petición llega en un momento en el que el precio del gas ha superado la barrera de los 80 euros/MWh, mientras que el mercado diario de la electricidad ha registrado una media cercana a los 150 euros/MWh durante septiembre, frente a los 61 euros/MWh registrados en el mismo mes del año anterior.

“Nos encontramos ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. La industria ha demostrado una enorme capacidad de adaptación, pero difícilmente puede absorber en solitario un impacto energético de esta magnitud. Es necesario que los poderes públicos actúen con urgencia para evitar que este deterioro de costes termine traduciéndose en una pérdida de producción, inversión y empleo”, añade Reinoso.

En este sentido, la Alianza plantea que las actuaciones se desarrollen desde una perspectiva constructiva y de colaboración público-privada, con el propósito de proteger la actividad industrial y reforzar la posición competitiva de España en un contexto marcado por una elevada incertidumbre internacional.

El encarecimiento de la energía se produce, además, sobre una industria que desarrolla su actividad en un entorno de competencia internacional, por lo que el incremento de los costes energéticos puede repercutir directamente sobre la capacidad competitiva de las empresas españolas. Para la Alianza, la crisis de Ormuz ha actuado como detonante de una situación que ya generaba preocupación entre los sectores industriales con un consumo energético más elevado.

A esta presión se suman señales de desaceleración de la actividad industrial en España, un contexto que, según la organización, refuerza la necesidad de poner en marcha medidas destinadas a sostener la capacidad productiva y el tejido industrial del país.