Los supermercados asumen 90 millones en sobrecostes por la crisis en Oriente Medio

La cadena de distribución agroalimentaria continúa ejerciendo como barrera de contención ante las tensiones en los costes de transformación, transporte y, especialmente, electricidad y gas. A pesar de que la presión sobre los carburantes ha remitido ligeramente tras la tregua acordada en la región, el paquete energético acumula ya un sobrecoste superior a los 90 millones de euros para la distribución alimentaria desde el inicio del conflicto, según los cálculos de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

Esta absorción de costes por parte del sector ha permitido que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se reduzca al 1,9% interanual en junio —tres décimas por debajo del 2,2% registrado en mayo—, marcando su tasa más baja desde principios de 2025, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por el momento, la patronal confirma que no se aprecian evidencias de encarecimiento en ningún producto alimentario derivado directamente de la inestabilidad en Oriente Medio.

Para amortiguar la imprevisibilidad de los mercados energéticos, las empresas integradas en Asedas destinan anualmente unos 3.000 millones de euros a la renovación de su red de tiendas y plataformas logísticas mediante la implantación de medidas de eficiencia, según recoge el Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad en España. Sin embargo, el sector observa con preocupación que cualquier retroceso en la desescalada del conflicto vuelva a tensionar la cadena de suministro en el segundo semestre del año.

A este escenario de volatilidad geopolítica se suman posibles “efectos de segunda ronda”, como el incremento de los tipos de interés, costes salariales o alquileres, lo que dificulta las previsiones para la segunda mitad del ejercicio. Pese a ello, la alta competitividad del modelo español —que cuenta con más de 315 cadenas de alimentación y una cobertura cercana al 97% de los municipios— garantiza el acceso a bienes esenciales y permite a los consumidores recurrir al downtrading para optimizar su cesta de la compra.