Costes, regulación y relevo, prioridades de la cadena alimentaria para la próxima legislatura

A través de un desayuno informativo enmarcado en el Foro de la Nueva Alimentación, Agrifood ha dado voz a los productores de alimentos, además de a los distintos eslabones de la cadena, responsables políticos, representantes de las administraciones y medios de comunicación, entre ellos, Dulces Noticias. El encuentro ha tenido como objetivo trasladar a los partidos políticos y a las Administraciones Públicas las demandas y prioridades de los productores de alimentos para los próximos años.

El programa ha contado con Pedro Barato, presidente de Asaja; Cristóbal Cano, secretario general de UPA; Andrés Góngora, miembro de la ejecutiva de COAG; y Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. La industria ha estado representada por Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, y Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias. También han participado Pablo de la Cruz, director general de Anged; Ignacio García Magarzo, director general de Asedas; Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España; Adriana Bonezzi, directora general de Marcas de Restauración, y Fernando Móner, presidente de Avacu.

Por parte de las formaciones políticas han intervenido Jacobo González-Robatto, en representación de Vox; Begoña García, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, por el PSOE; y Antonio Luengo, representante del PP. Frente Amplio también había sido invitado, pero su representante tuvo que abandonar el encuentro antes de su turno, por lo que no pudo exponer sus propuestas.

La presentación del foro ha corrido a cargo de Ricardo Migueláñez, General Manager de Agrifood, quien ha explicado que la iniciativa busca dar visibilidad al sector y acercar sus demandas a quienes toman decisiones. También ha defendido la necesidad de mostrar a la sociedad la actividad de productores, transformadores y comercializadores, que hacen posible que los alimentos lleguen a los consumidores “en variedad, en cantidad y a precios adecuados”, según ha expuesto.

Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, ha resumido las propuestas de la industria de alimentación y bebidas en seis ámbitos: reconocimiento del sector como estratégico, competitividad, sostenibilidad, política alimentaria, empleo, internacionalización e innovación. Como punto de partida, ha defendido un “marco estable, competitivo y previsible” que permita a las empresas invertir, innovar y mantener su actividad en momentos de crisis.

Entre sus demandas, García de Quevedo ha señalado la necesidad de avanzar hacia una mayor unidad de mercado, reducir las trabas administrativas y asegurar un suministro energético competitivo. También ha reclamado reglas claras y homogéneas para las relaciones comerciales de la cadena alimentaria, así como que las normas sobre sostenibilidad y etiquetado sean aplicables y se coordinen entre los distintos niveles administrativos.

En materia de empleo, FIAB ha pedido adaptar el marco laboral a las particularidades de cada actividad, evaluar el impacto de las decisiones sobre productividad e inversión y reforzar la formación en automatización, digitalización e inteligencia artificial. La federación también ha defendido una política de internacionalización coordinada, el apoyo a la innovación y una comunicación sobre alimentación, nutrición y salud basada en información veraz y contrastada.

Asimismo, Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, ha puesto el foco en el incremento de los costes que soportan las empresas de distribución y en la necesidad de explicarlos mejor a la sociedad. Entre otros factores, ha mencionado la factura eléctrica, los costes laborales y las nuevas exigencias medioambientales. También ha pedido abordar el absentismo y adaptar la regulación ambiental a la realidad de la cadena alimentaria española.

García Magarzo ha defendido que la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria aporte seguridad jurídica y claridad sobre cómo calcular los costes de producción. De cara a la revisión europea de las normas sobre prácticas comerciales, reclama una posición común de España y advierte que una mayor regulación de los acuerdos de compra podría perjudicar a las centrales que ayudan a los distribuidores más pequeños a competir, especialmente en el medio rural.

Por su parte, Pablo de la Cruz, director general de Anged, ha pedido reducir la fragmentación normativa que afronta el comercio, sujeto a regulaciones estatales, autonómicas y locales. Entre sus propuestas, plantea avanzar hacia un mercado único también en España y revisar restricciones como los horarios comerciales, para que las empresas puedan adaptar sus servicios a las necesidades de sus clientes. También considera que algunos tributos, como el impuesto a los grandes establecimientos comerciales, generan una discriminación fiscal.

Emilio Gallego, de Hostelería de España, ha solicitado mantener el IVA reducido del 10% para el sector y reclama una visión estratégica y coordinada de la hostelería dentro de la Administración General del Estado. Según ha expuesto, la actividad genera dos millones de empleos y contribuye a sostener pueblos, ciudades y territorios.

Gallego también ha pedido que las decisiones sobre sostenibilidad, digitalización y aprovisionamiento tengan en cuenta las particularidades de la hostelería. En este sentido, ha señalado que los cambios en envases y logística pueden afectar a los modelos de negocio y a la diversidad de la oferta gastronómica. Además, ha solicitado reforzar los vínculos de suministro entre el campo, la pesca y la hostelería.

En la misma línea, Adriana Bonezzi, de Marcas de Restauración, ha pedido que las empresas participen en la elaboración de las normas que afectan a la actividad y ha alertado sobre los efectos de la hiperregulación. Entre sus prioridades ha citado la seguridad jurídica, la unidad de mercado, el empleo y la formación, así como una digitalización que mantenga opciones accesibles para distintos perfiles de clientes.

La representante también ha incidido en revisar las normas sobre envases y monodosis para que tengan en cuenta la operativa de los establecimientos. Sobre el canal de delivery, propone abrir un espacio de diálogo entre los operadores y las administraciones que permita abordar sus retos y consolidarlo como una vía complementaria para llegar al consumidor.

Por otro lado, el presidente de Avacu, Fernando Móner ha defendido una regulación coordinada y proporcionada, y ha planteado revisar el etiquetado para que responda mejor a las necesidades de los consumidores. Entre las opciones, propone complementar la información obligatoria con sistemas como los códigos QR, que permitan consultar datos adicionales según el interés de cada persona. También ha pedido que la alimentación saludable esté especialmente garantizada en centros y servicios dirigidos a colectivos vulnerables.

Móner vincula el precio de los alimentos con el valor que se reconoce a quienes los producen. Reclama “precios justos” que permitan margen a todos los eslabones de la cadena y pidió evitar que el debate se limite a abaratar la cesta de la compra. Asimismo, ha señalado que consumidores, empresas y administraciones dialoguen para acordar medidas comunes. “El consumidor es el primero, por supuesto. Pero siempre podemos pisar los derechos de otros”, ha señalado.

Por otro lado, Pedro Barato, presidente de Asaja, ha centrado su intervención en cinco ámbitos: la PAC, los acuerdos comerciales, los costes de producción, el agua y el relevo generacional. Ha reclamado que la política agraria europea mantenga un presupuesto suficiente y advirtió del riesgo de que las decisiones se trasladen a los Estados miembros. También ha pedido reforzar los controles en frontera y revisar los acuerdos comerciales para asegurar condiciones de competencia equivalentes.

Sobre la rentabilidad, Barato ha defendido que los agricultores puedan obtener beneficio de la venta de sus productos y reclamó inversiones en infraestructuras hidráulicas. Respecto a la incorporación de jóvenes, sostiene que las ayudas deben acompañarse de explotaciones rentables: “El relevo generacional no es un discurso, se practica”, ha afirmado.

En esta misma línea, Cristóbal Cano, secretario general de UPA, ha puesto el acento en el reconocimiento de la agricultura y la ganadería familiar. Su propuesta pasa por aprobar una ley específica para este modelo y priorizar su acceso a ayudas, inversiones, agua y tierra. También ha pedido mantener la identidad y el presupuesto de la PAC, reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria y adaptar el seguro agrario a las nuevas condiciones climáticas.

Por parte de COAG, su secretario general, Andrés Góngora, ha vinculado la soberanía alimentaria con la necesidad de situar la producción de alimentos en el centro de las políticas públicas. En su intervención ha defendido precios que permitan cubrir los costes, controles a las importaciones y más recursos para afrontar problemas como la falta de agua y las plagas. Góngora cifró en unos 43.000 los agricultores profesionales que se jubilarán entre noviembre de 2026 y octubre de 2030 –el 17% de los afiliados al régimen de autónomos agrario– y estimó que serían necesarias entre 8.000 y 10.000 incorporaciones de jóvenes al año para compensar esas salidas

Además, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, ha planteado qué modelo agrario quieren promover España y la Unión Europea. Según ha advertido, una estrategia centrada exclusivamente en producir a bajo coste podría reducir el número de explotaciones y afectar a la vida en el medio rural. “¿Qué agricultura queremos en España?”, ha preguntado, al contraponer ese escenario con un modelo ligado a la calidad, las explotaciones familiares y el mantenimiento de los pueblos.

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En representación de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca ha defendido el fortalecimiento y la integración de estas empresas como vía para mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos, transformar sus producciones y acceder a los mercados. Según los datos expuestos durante su intervención, el sector agrupa 3.700 cooperativas, más de 1,1 millones de familias y genera más de 120.000 empleos, con una facturación superior a 45.000 millones de euros.

Villafranca ha reclamado políticas de inversión que impulsen la modernización, la innovación y el desarrollo territorial, además de una legislación que tenga en cuenta las particularidades del modelo cooperativo. Sobre los acuerdos comerciales, ha señalado que las cooperativas apoyan el mercado abierto, pero reclamó reciprocidad para las importaciones, controles reforzados y mecanismos de salvaguarda. También pidió revisar el marco hídrico para adaptarlo a los efectos del cambio climático.

Los representantes de Vox, PSOE y PP han trasladado sus propuestas para el sector agroalimentario ante las Elecciones Generales del 29 de noviembre. Entre los asuntos abordados han figurado la PAC, la rentabilidad de las explotaciones, la simplificación administrativa, el agua y el relevo generacional.

Jacobo González-Robatto, representante de VOX, ha defendido mantener el presupuesto de la PAC, rechazando nuevos recortes. También ha reclamado reducir la burocracia, con medidas como una ventanilla única y la eliminación de tres normas por cada nueva regulación, y avanzar en un Plan Nacional del Agua. Además, ha vinculado el relevo generacional con la rentabilidad de las explotaciones.

Por su parte, Begoña García, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación (PSOE) ha expuesto las inversiones y ayudas impulsadas por el Gobierno en seguros agrarios, regadíos, exportación e integración cooperativa. También ha afirmado que una PAC fuerte y con presupuesto suficiente era necesaria para el sector.

A continuación, Antonio Luengo, del Partido Popular (PP), ha fijado como prioridades la competitividad, la rentabilidad y la seguridad jurídica; ha propuesto un pacto nacional por el campo, el mar y el monte, además de un pacto nacional por el agua y una simplificación normativa que evite añadir requisitos a los ya establecidos por la Unión Europea. Finalmente, ha reclamado que los compromisos políticos se concreten en medidas con presupuesto, calendario y evaluación.