Asedas calcula en 2.500 millones el coste de renovar la refrigeración en los supermercados

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) advirtió del impacto económico que supondrá para el sector comercializador la aplicación del Reglamento 2024/573 sobre gases fluorados de efecto invernadero. La patronal Asedas calcula que las empresas de distribución deberán acometer una inversión superior a los 2.500 millones de euros para adaptar sus equipos frigoríficos a las nuevas exigencias de la Unión Europea, en un plazo que se extiende hasta el año 2030.

El sector de la distribución comercial se enfrenta a importantes dificultades operativas para cumplir los plazos estipulados por la normativa F-Gas. Según datos de la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (Aefyt) recogidos por Asedas, existe un déficit estructural en España de casi 10.000 técnicos cualificados para realizar las reformas en las instalaciones de frío. Mientras que la carga de trabajo asociada a la transición tecnológica ha aumentado un 30%, el volumen de personal en el área de instalación frigorífica solo ha crecido entre un 5% y un 10%.

A este cuello de botella laboral se suma la amenaza de un eventual desabastecimiento de gases de transición a partir de 2027 debido a la reducción de cuotas prevista en la legislación comunitaria, lo que podría dificultar el mantenimiento operativo de los puntos de venta antes de su transformación definitiva.

Esta exigencia de inversión afecta directamente al ritmo habitual de mejoras de la distribución alimentaria. De acuerdo con el Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad 2025 elaborado por Retail Data y Asedas, la red de supermercados destina cada año cerca de 3.000 millones de euros a aperturas y remodelaciones.

En el periodo comprendido entre 2020 y 2025, el 40% del parque de establecimientos (más de 10.500 tiendas) fue inaugurado o renovado de forma integral. Esto implica que numerosas instalaciones de frío de reciente incorporación deben afrontar adaptaciones antes de haber completado su ciclo de amortización económica.

Desde la representación empresarial se defiende la necesidad de acompañar los objetivos medioambientales europeos con plazos de implantación más realistas, fijando el horizonte de transición técnica hacia el año 2032. ”Desde Asedas se apuesta por la transición hacia una economía más sostenible y se comparte el objetivo climático que obliga a la Unión Europea a reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040 respecto a los niveles de 1990”, afirmó María Martínez-Herrera, directora de Consumo y Alimentación de Asedas. Asimismo, la responsable de Asedas subrayó la importancia del entorno regulatorio. “Una transición ordenada con medidas proporcionadas ayudaría a que este camino sea justo para todos los operadores, especialmente pymes y países que deben hacer un esfuerzo mayor para la adaptación”.