Consumo no permitirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado este miércoles que lanzará una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años. Esta restricción se extenderá a jóvenes de hasta 18 años en el caso de las bebidas que contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. El ministro detalló la medida desde Barcelona, antes de mantener un encuentro con representantes de la Gasol Foundation, organización que combate la obesidad infantil mediante programas de promoción de la salud.

Bustinduy subrayó que la iniciativa cuenta con un gran respaldo social, según el barómetro publicado la semana pasada por la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), que indica que nueve de cada diez personas en España apoyan esta prohibición. Además, destacó que el apoyo también es elevado entre los jóvenes: un 88,3% de los encuestados de entre 18 y 35 años respalda limitar el acceso a estas bebidas.

El estudio de la Aesan también refleja una percepción clara de riesgo frente a las bebidas energéticas. Por eso, el ministro insistió en la necesidad de regular su venta, considerando otros datos del mismo barómetro: el 25% de los encuestados consume estas bebidas, con una frecuencia media de dos veces por semana; casi la mitad (49%) toma al menos una diaria y el 47% las combina con alcohol de forma habitual.

La nueva regulación complementará la prohibición de venta de bebidas energéticas en centros escolares, impulsada el año pasado por el Ministerio mediante el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Esta medida también se apoya en el informe del Comité Científico de la Aesan de 2021, que señalaba que un consumo excesivo de cafeína puede causar efectos fisiológicos no deseados, como alteraciones en el sueño (tanto en el tiempo para conciliarlo como en su duración), efectos psicológicos y de comportamiento, así como problemas cardiovasculares. Además, se destaca la labor del grupo de trabajo sobre bebidas energéticas, coordinado por la Aesan con participación de distintos ministerios y gobiernos autonómicos.

Esta iniciativa también se alinea con las medidas adoptadas en otros países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania, y con la normativa vigente en algunas comunidades autónomas españolas, como Galicia y Asturias. Desde Consumo señalan que esto refuerza la importancia de armonizar la legislación a nivel estatal y favorecer la unidad de mercado.

Tras conocer el anuncio de la próxima normativa que regulará la venta de energéticas, Eneryeti Company ha declarado a Dulces Noticias: ”Respetamos el marco normativo que se establezca y compartimos plenamente la prioridad de proteger al menor. La evolución regulatoria es una tendencia que el sector venía anticipando y, en nuestro caso, desde hace años hemos ampliado el portafolio con alternativas sin cafeína y bajas en calorías, como Candyfresh, dirigidas a consumidores que buscan opciones sin estimulantes. La armonización de criterios a nivel nacional aporta además mayor seguridad jurídica y estabilidad operativa al mercado.” Eneryeti Company es uno de los fabricantes españoles de bebidas energéticas, que comercializa bajo su marca Eneryeti, y dispone también de una línea de refrescos sin cafeína bajo la enseña Candyfresh.

De manera paralela, Bustinduy recordó que el Ministerio pondrá en marcha una regulación de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niñas, niños y adolescentes. “Son anuncios nocivos para su salud”, afirmó, y destacó que estas medidas responden a un “clamor social”.

El ya mencionado barómetro de la Aesan también muestra un gran respaldo social a la necesidad de proteger a la infancia frente a la publicidad de productos con un perfil nutricional poco saludable. Por ejemplo, casi el 80% de la población considera que habría que prohibir estos anuncios a menores. El ministro añadió que, según datos preocupantes, cada niño en España recibe más de 4.000 anuncios de comida poco saludable al año por televisión, lo que equivale a casi 11 al día, y 30 si se incluyen otros canales de comunicación.

Bustinduy recalcó la importancia de proteger a los menores frente a este tipo de publicidad y de que España avance en la línea marcada por organismos como la OMS o la Aesan, que subrayan la necesidad de restringir la publicidad según la calidad nutricional de los productos como herramienta para combatir la obesidad infantil, un problema que afecta con mayor intensidad a familias con menos recursos.

Según la OMS, la exposición de niñas y niños a esta publicidad aumenta la ingesta calórica, fomenta el consumo de alimentos poco nutritivos y tiene un impacto negativo sostenido en su salud. La organización advierte también que estos anuncios emplean técnicas persuasivas que pasan desapercibidas para los menores, recurriendo a influencers o ídolos deportivos y asociando los productos con diversión y entretenimiento.

En este contexto, Bustinduy insistió en la necesidad de actuar contra la presión publicitaria de alimentos ultraprocesados, con alto contenido en grasas, azúcares o sal, muy calóricos y poco nutritivos. Subrayó que otros países de nuestro entorno, como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia, ya han adoptado medidas similares.

“En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables”, alertó Bustinduy, citando un informe de la Gasol Foundation sobre hábitos alimentarios y consumo de nutrientes en la población infantil y adolescente. “Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país”, afirmó el ministro, defendiendo la acción normativa como una “cuestión de salud pública” y para “garantizar los derechos de la infancia”, aunque ello suponga, añadió, “poner coto a los poderosos”.