Ignacio González alerta de los riesgos para el consumo pese al crecimiento de la economía española

El Congreso Aecoc de Gran Consumo ha regresado a Sevilla diez años después de su anterior edición en la capital andaluza. Ante los 1.347 asistentes, el presidente de la asociación, Ignacio González ha inaugurado la primera jornada de esta 41ª edición reivindicado la importancia económica y social del sector, que representa cerca del 25% del PIB español y genera 4,5 millones de empleos.

Con el lema de esta edición, ‘Pensar en plural’, como hilo conductor, el presidente de la asociación ha defendido la necesidad de afrontar los desafíos económicos y empresariales desde “una perspectiva compartida”. En su intervención, ha prestado especial atención a la creciente polarización social y política, que, según ha advertido, “erosiona la capacidad de alcanzar acuerdos e introduce incertidumbre en ámbitos como la inversión, el empleo y el consumo”.

González ha señalado que la coincidencia de grandes transformaciones, como el envejecimiento de la población, la digitalización, el desarrollo de la inteligencia artificial y el cambio climático, obliga a “buscar respuestas colectivas”, aprovechando las oportunidades que ofrece su interacción y anticipando sus posibles riesgos.

En su análisis de la coyuntura económica, el presidente de Aecoc ha puesto de relieve la paradoja que atraviesa España: “mientras los indicadores macroeconómicos mantienen una evolución favorable, la situación de numerosos hogares resulta considerablemente menos positiva”.

González ha explicado que buena parte del crecimiento económico está impulsado por dos factores externos a la dinámica productiva interna: el aumento de la población y el turismo. Sin embargo, ha advertido de que el balance es menos favorable cuando se analizan indicadores como el PIB por habitante o por trabajador.

A ello se suma el impacto de los precios sobre las economías familiares. El presidente de Aecoc ha recordado que la inflación general se sitúa en el 4,9%, mientras que la alimentación registra una subida del 2,7%. Aunque los productos alimentarios mantienen una evolución más contenida, ha alertado del riesgo de nuevos incrementos en un contexto de incertidumbre internacional y presión sobre los costes.

Según los datos expuestos durante su intervención, los precios acumulan un incremento cercano al 29% desde 2021, una situación que continúa condicionando las decisiones de compra de los consumidores. González también ha aludido a los últimos datos de Circana, que reflejan un empeoramiento del comportamiento del consumo en septiembre respecto a la evolución acumulada del año y de los últimos doce meses.

Asimismo, ha relacionado la pérdida de capacidad de compra con el incremento de la presión fiscal y la falta de actualización de los tramos del IRPF conforme a la inflación. En este sentido, ha señalado que la recaudación tributaria ha aumentado aproximadamente un 50% en los últimos siete años y ha defendido la posibilidad de utilizar parte de esos ingresos para aliviar la situación económica de los hogares.

Otro de los grandes ejes del discurso ha sido la necesidad de mejorar la productividad española, cuya evolución continúa rezagada respecto a la de otras economías desarrolladas. González ha señalado que, durante las últimas tres décadas, la productividad en España ha avanzado a un ritmo medio anual del 0,6%, frente al 1% registrado en Europa. Para revertir esta situación, ha defendido una mayor inversión en innovación, transformación empresarial y formación de los trabajadores.

También ha reclamado una política migratoria ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral, así como medidas para mejorar la capacitación profesional y facilitar la incorporación de trabajadores a los puestos que las empresas necesitan cubrir.

El absentismo laboral ha ocupado igualmente un lugar destacado en su intervención, insistiendo en que su intención no es “cuestionar el derecho de los trabajadores a una baja médica”, sino “combatir las ineficiencias del sistema y las situaciones de fraude”.

“El absentismo no es un problema de salud. Es un problema de gestión”, ha afirmado, antes de subrayar que su solución requiere la participación de las administraciones, las empresas y los agentes sociales. En este ámbito, ha avanzado que Aecoc presentará nuevas propuestas para afrontar el problema, dentro de su Observatorio contra el absentismo laboral.

La presión regulatoria ha sido otra de las cuestiones que ha identificado como “un obstáculo para la competitividad”, debido a la fragmentación normativa derivada de la convivencia de regulaciones europeas, estatales, autonómicas y locales, así como los cambios frecuentes en las obligaciones que deben cumplir las compañías. También ha advertido de las dificultades que generan los cambios normativos y la falta de previsibilidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Para ilustrar esta situación, ha recurrido al ejemplo de las diferencias territoriales en la regulación de las bebidas energéticas, que pueden dar lugar a distintas condiciones de comercialización según la comunidad autónoma.

En materia de sostenibilidad, ha defendido la necesidad de superar un enfoque centrado exclusivamente en las obligaciones administrativas y los informes de cumplimiento para avanzar hacia “iniciativas capaces de generar valor ambiental y empresarial real”.

Ignacio González ha cerrado su intervención con seis reivindicaciones dirigidas a afrontar los principales desafíos económicos y sociales de España. La primera de ellas es una bajada de impuestos que permita mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y recuperar su poder adquisitivo.

En segundo lugar, ha reclamado una mayor inversión en productividad para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar, acompañada de una política migratoria sensata y medidas para mejorar las tasas de ocupación y reducir el desempleo.

También ha pedido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el desbloqueo de la actividad parlamentaria y la búsqueda de consensos en cuestiones estratégicas, apelando al “sentido de Estado frente a la polarización”.

La lucha contra la corrupción ha constituido su cuarta reivindicación. “No podemos, como país, seguir normalizando la corrupción”, ha afirmado González, quien ha advertido de que estas prácticas erosionan la confianza ciudadana, deterioran la imagen internacional de España y perjudican la inversión, la atracción de talento y el turismo.

Por último, ha defendido la inversión en digitalización como herramienta imprescindible para cerrar la brecha de productividad con los países del entorno y ha reclamado un marco legislativo que proteja a los consumidores y garantice seguridad jurídica, reglas claras de competencia, estabilidad y previsibilidad para las empresas.