Las asociaciones de Gran Consumo, unidas en la reclamación al Gobierno sobre la normativa medioambiental

La preocupación existente dentro de la cadena de valor de Gran Consumo por el hecho de que España haya adelantado 5 años con respecto a Europa las obligaciones respecto a la reutilización de envases ha llevado a las principales organizaciones del sector a unirse en un desayuno informativo celebrado el 6 de junio en las instalaciones de Aecoc en Madrid para reclamar al Gobierno una mayor armonización con la UE en la regulación medioambiental. 

En este acto han intervenido José Mª Bonmatí, director general de Aecoc; Ignacio García Magarzo, director general de Asedas; Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB y Matilde García Duarte, presidenta de Anged. Todos ellos han advertido de los altos costes y los problemas de unidad de mercado que generan las diferencias entre la normativa española y la europea de envases y residuos, evidenciando la necesidad de lograr una compatibilidad entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico. El objetivo de estas reclamaciones es que las normativas no supongan "costes injustificados" para las empresas ni que reduzca su competitividad frente al resto de economías europeas. 

Según han analizado en las distintas intervenciones realizadas, no se tiene aún la infraestructura necesaria para cumplir con las exigencias recogidas en la Ley de Envases aprobada por el Gobierno para entrar en vigor en enero de 2025, lo que forzará "unas inversiones millonarias que impactarán en toda la cadena". En lo relacionado con el etiquetado, consideran que tampoco se están teniendo en cuenta los plazos y criterios europeos, "lo que genera costes innecesarios y fragmenta el mercado único". 

Además, también cuentan con el respaldo de ACES, y en la convocatoria han estado presentes representantes de otras organizaciones para dar su apoyo en dichas reclamaciones: Irene Zafra, secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe); Beatriz Blasco, directora general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) y Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España. Todos ellos se han unido a las demandas de "analizar el impacto de las medidas sobre la competitividad empresarial, más armonización con la Unión Europea y rigor en la regulación medioambiental".

En resumen, todas las asociaciones representadas comparten el objetivo común de impulsar un entorno normativo que no reste competitividad y que contribuya al crecimiento económico y social de nuestro país y al bienestar de la ciudadanía. Por ello, las principales organizaciones de la cadena de valor del Gran Consumo consideran imprescindible que se tenga en cuenta la voz del sector antes de implementar las medidas analizadas durante esta jornada. 

Jose Mª Bonmatí: "Queremos que la regulación medioambiental sea competitiva"

José Mª Bonmatí, director general de Aecoc (Asociación de fabricantes y distribuidores), ha destacado durante su intervención que “es clave homogeneizar y acompasar las normativas comunitarias con las de los Estados Miembros para no perder competitividad dependiendo del país en el que los operadores están ubicados; facilitando además la libre circulación de personas, capitales y, sobre todo, de mercancías". Bonmatí ha lamentado que esta armonización no se produzca, ya que eso conlleva un "impacto negativo para el colectivo empresarial". Además, “la falta de diálogo fluido con algunas administraciones impide a las organizaciones trasladar directamente las implicaciones de las normas y la dimensión del problema que tenemos entre manos".

Uno de los casos que evidencia esta falta de alineación entre la Unión Europea y el Gobierno de España es el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases español, una nueva disposición que no ha tenido en cuenta ni el calendario ni algunas de las consideraciones del Reglamento Europeo que, el Parlamento comunitario, aprobó el pasado 24 de abril. En este caso, hay "discrepancias claras" en dos ámbitos fundamentales: la reutilización de los envases y el marcado y etiquetado de los mismos. Por ello, el director general de Aecoc ha querido convocar este encuentro con el apoyo de las demás asociaciones para trasladar al Ministerio de Transición Ecológica que "es un tema urgente y hay que hacer la adaptación cuanto antes". 

Ignacio García Magarzo: "El Ministerio tiene que ser sensible a las necesidades del sector"

La presencia de todos los afectados por esta situación ha tenido el objetivo de transmitir al Gobierno un "mensaje de unidad", tal y como ha afirmado Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. "Ya conocemos desde abril el futuro reglamento comunitario de envases, que introduce cambios muy profundos y ambiciosos, y ha hecho que queden obsoletas partes de la legislación española de envases, que ya criticamos en su día porque no eran necesarias ni aportan mejoras", ha afirmado, para añadir que a poco tiempo de la entrada en vigor de dicha ley se hace muy necesario que se corrija esa normativa nacional y que el Ministerio sea consciente de que hay que tener en cuenta a los sectores afectados: "No tiene sentido incorporar una medida que en el futuro se va a tener que corregir"

Como ejemplo, ha explicado que el comercio tiene que adaptar sus establecimientos y su logística para recoger los envases reutilizables que les devuelvan los clientes, los hayan vendido ellos o no, y sean del operador que sean: "Esto implica que cada tienda tendrá que invertir entre 50.000€ y 150.000€ para poder adaptarse a las exigencias de la ley y en España". En resumen, considera que esta normativa como "una imposición y una fuente de problemas", además de dudar de que en nuestro país haya infraestructura para llevarla a cabo.

Mauricio García de Quevedo: "Europa ha aprobado un etiquetado armonizado distinto al de España"

Con respecto al marcado y etiquetado de envases de alimentación y bebidas, Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) ha advertido que “el Real Decreto español establece una serie de consideraciones obligatorias, voluntarias y prohibiciones, de entre las que destaca la obligación de que los envases domésticos indiquen en qué contenedor deben depositarse los residuos de los envases. Esta nueva consideración será obligatoria a partir del 1 de enero de 2025, a pesar de que el Reglamento europeo marca un calendario más amplio”.

Otra discrepancia que encuentra es el hecho de que España no permita el uso de medios electrónicos para informar al consumidor, mientras que el Reglamento europeo sí que deja la puerta abierta a que esta información se facilite a través de un código QR. Además, la nueva ley también obliga a identificar y marcar los envases que sean reutilizables, y el Reglamento europeo aprobará un marcado armonizado distinto al desarrollado en España, lo que comportará que en territorio nacional se tenga que hacer una inversión adicional de considerable impacto económico y medioambiental.

Matilde García Duarte: "Hay previstas 600 modificaciones en la regulación medioambiental"

Por último, la presidenta de Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), Matilde García Duarte, ha calificado como "absolutamente inabordable" la gran cantidad de modificaciones legislativas, con una cifra en torno a las 600, que están contempladas en Europa para la siguiente legislatura relacionadas con la sostenibilidad. Por tanto, ha pedido que la Unión Europea ponga el foco "en la competitividad y en la productividad", porque el exceso de regulación y la fragmentación del mercado único generan "costes adicionales a las empresas, inseguridad jurídica y una desincentivación de la inversión a futuro".

Además, cree que imprescindible que haya "flexibilidad, proporcionalidad, plazos razonables de adaptación y un análisis de impacto técnico, económico y social", así como "máxima coordinación con los países del entorno y coherencia legislativa entre los Ministerios y las demás Administraciones competentes". García Duarte considera también que "no tiene sentido adelantarnos cinco años en las obligaciones europeas de reutilización de envases" y que la única forma de llevar a cabo correctamente esta transición verde es con diálogo y colaboración con las empresas para abordar estos cambios, que deben recibir "apoyo para lograr estas medidas y reconocimiento de la función económica y social que realizamos".