La reducción de jornada aboca a la industria a una mayor contratación

La reducción de jornada aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros obligará a la industria alimentaria que trabaja en tres turnos las 24 horas a contratar nuevos trabajadores. Un alza de costes que repercutirá en el consumidor final en forma de aumento de los precios, según los expertos consultados.

La única alternativa será recurrir a las bolsas de horas, aunque esto solo será posible en el caso de actividades sujetas a variación estacional; esto es, con picos y valles en la carga de trabajo.

El proyecto de ley remitido al Congreso de los Diputados para la reducción de jornada a 37,5 horas --- desde las actuales 40 horas --- obligará a las empresas, especialmente a aquellas que trabajan de forma ininterrumpida las 24 h, normalmente en tres turnos de trabajo de 8 h cada uno, a contratar más personal, a fin de cubrir el vacío que la nueva normativa creará en el cuadrante de las empresas, en caso de lograr los apoyos necesarios para salir adelante.

Las empresas más afectadas pertenecen al sector industrial, donde es más frecuente ese organización por turnos. Pero no solo. También los servicios, por ejemplo los hoteles, obligados a prestar atención las 24 h, se verán afectados por la nueva normativa.

“La reducción de jornada laboral obligará a los empresarios del sector a reorganizar sus plantillas y posiblemente a aumentar el número de contrataciones para cubrir los turnos necesarios sin sacrificar la calidad del servicio”, apuntan Miquel Planas, abogado de Monlex, en un artículo al respecto publicado en Hosteltur.

“En ciertos sectores podría ser factible el hecho de recortar esos minutos diarios para adaptarse a esta medida y que no afecte demasiado a su producción o facturación. Pero en otros sectores puede ser inviable la reducción del tiempo de trabajo al tener que cubrir las 24 horas del día”, corroboran desde PGPlanning, una empresa especializada en la gestión del tiempo de trabajo.

La reducción prevista en el tiempo de trabajo supone un recorte de la jornada de media hora diaria, desde las 40 horas actuales, hasta las 37,5 horas, en cómputo anual. Este cómputo anual de la jornada ofrece una solución para organizar los turnos, apunta PGPlanning.

Esta solución pasa por adaptar los turnos de trabajo en función de la variación de la actividad. Así, los trabajadores podrían seguir haciendo una jornada diaria de 8 h durante los picos de trabajo, siempre que luego se les compense el exceso durante los momentos valle.

“De esta manera, el empresario podrá contar con sus trabajadores un mayor de horas en aquellas épocas del año de mayor trabajo y darles una jornada más corta y por lo tanto, mayor tiempo de descanso durante los meses más flojos”, afirma la empresa.

“Al final, se deberá compensar unas épocas con otras para que el promedio anual sea de 37,5 horas semanales trabajadas”, agregan.

Otra alternativa para compensar la reducción de jornada son las horas extra. Sin embargo, las horas extra suponen un gasto adicional para el empresario. Y no podrán superar en ningún caso los límites legales al respecto.

Las empresas deberán “reorganizar turnos y, posiblemente, contratar más personal para asegurar la operatividad continua sin sobrecargar a los empleados”, apunta el abogado. “En este sentido, los costes laborales podrían verse incrementados, lo que podría obligar a las empresas a aumentar sus precios o modificar su estructura de servicios”, sentencia.

En este sentido, en el sector industrial, y antes de que entre en vigor la nueva normativa, más de la mitad de las empresas encuentra ya dificultades para planificar horarios por la alta rotación, los cambios de horarios y turnos, y la gestión descentralizada de equipos. Una dificultad que se agudiza en el caso de sectores donde se trabaja en festivos o con jornada nocturnas, según el Barómetro de Recursos Humanos que cita la empresa de organización del tiempo de trabajo Woffu.

La tensión sobre los precios llegará sin embargo antes de que los alimentos arriben a la industria. En el campo, los agricultores han criticado con dureza una legislación de reducción de la jornada, impuesta, dicen, desde el ámbito urbano “sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario”, al que la norma asestará “un duro golpe”, según la organización de agricultores y ganaderos Asaja.

La actividad agraria depende del ciclo biológico, del clima, de las estaciones, y no responde a horarios fijos ni a estructuras cerradas, apuntan los agricultores, muy críticos con el registro digital de la jornada que acompaña a la norma.

“La imposición de un registro horario obligatorio, difícil de cumplir en muchas zonas rurales por falta de cobertura y conectividad, ya supone una carga burocrática adicional, inasumible para muchas pequeñas y medianas explotaciones”, afirman.

“A esto se suma la desconexión digital, un concepto urbano que poco encaja en un sector donde la atención a cultivos y animales no entiende de horarios”, continúan.

Asaja opina que la reducción de jornada aumentará los costes de producción de alimentos y acabará trasladándose a los precios, arrasando por el camino algunas explotaciones que no podrán soportar el sobrecoste.

En la misma línea, los panaderos y pasteleros han manifestado esta semana su “total oposición” a la reducción de jornada, que pone en “grave riesgo” la viabilidad futura de muchas de las 42.000 empresas que, junto a carniceros y pescaderos, dan empleo a 180.000 personas en España, advirtieron en un comunicado conjunto de Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca.

Por su parte, la patronal del dulce Produlce ha apostado por la cautela hasta conocer todos los detalles de la norma, pero ha llamado a defender la estabilidad y la seguridad jurídica y evitar “medidas fiscales y regulatorias que supongan mayores costes y cargas administrativas para las empresas”.

“Todavía estamos a la espera de conocer todos los detalles para poder hacer una valoración sólida remitiéndonos, así, al posicionamiento de CEOE”, ha dicho a Dulces Noticias el secretario general de Produlce, Rubén Moreno.

“En este sentido, defendemos que cualquier decisión en este y otros campos sea tomada teniendo en cuenta todas las sensibilidades y valorando las diferentes circunstancias, apostando por la estabilidad y seguridad jurídica, así como evitando medidas fiscales y regulatorias que supongan mayores costes y cargas administrativas para las empresas”, ha subrayado.

En la misma línea, los panaderos y pasteleros han manifestado esta semana su “total oposición” a la reducción de jornada, que pone en “grave riesgo” la viabilidad futura de muchas de las 42.000 empresas que, junto a carniceros y pescaderos, dan empleo a 180.000 personas en España, advirtieron en un comunicado conjunto de Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca.

Del mismo modo, las patronales del dulce, el aperitivo y la alimentación se han remitido a la protesta lanzada esta semana por la gran empresarial CEOE, que, tras desmarcarse del acuerdo del Gobierno y los sindicatos, alertó sobre el impacto negativo que acarrea la reducción de jornada, y pidió a los grupos parlamentarios que bloqueen la norma en el Parlamento.

El Ministerio de Trabajo cifra en 12,5 millones el número de trabajadores que se verán afectados por la reducción de jornada, principalmente quienes carecen de convenio colectivo propio, y, en cuanto a los sectores, en el comercio (2,43 millones), la industria manufacturera (2 millones), la hostelería (1,42 millones), la construcción (1 millón). En la agricultura, por su parte, el número de afectados previsto se estima en unos 461.000.

En este sentido, el grupo nacionalista catalán Junts ha rechazado una norma que consideran un “ataque frontal” a los autónomos y pymes catalanas, han dicho tras anunciar que presentarán una enmienda a la totalidad del proyecto de ley en el Congreso.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO han advertido de que “presionarán” a las formaciones políticas del Congreso a fin de que estas “no desnaturalicen” el texto que pactaron con el Gobierno.

La norma prevé además un endurecimiento de las sanciones a las empresas que incumplan lo dictado en materia de jornada y de su registro digital, que en los casos más graves pueden llegar a los 10.000 euros.

Según Eurostat, la media de horas trabajada en la Unión Europea (UE) en 2023 fue de 36,1 horas; ligeramente por debajo de la media en España, que se situó en 36,4 horas.

En nuestro país, muchos convenios colectivos de empresa y de sector regulan la jornada de trabajo. De hecho, hay varios sectores donde la jornada pactada es actualmente menor a las 37,5 horas previstas en el cambio normativo, como son la Educación, la Administración Pública, finanzas y seguros, y suministro de agua y recogida de residuos, según datos del Ministerio de Trabajo.

En Portugal, la jornada media efectiva suma 37,7 horas, por encima de las 36,4 horas españolas; mientras que en Francia se sitúa por debajo, con 36 horas.

En Alemania la jornada media se sitúa en 34 horas, por encima de las 32,2 horas de los Países Bajos, y muy parecida a las 33,9 horas de Noruega y las 34,8 de Finlandia, aunque por debajo de las 35,7 horas de Suecia.

En Italia, finalmente, la jornada media en 2023 fue de 36,1 horas, según Eurostat.