La factura energética de la industria española sube a 8.900 millones por el conflicto en el Golfo

La escalada de los costes energéticos derivada de la crisis geopolítica en Oriente Medio continúa intensificándose y sitúa a la industria manufacturera española en una situación de máxima preocupación. Según las últimas estimaciones de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, el impacto acumulado de los mayores costes del gas y de la electricidad alcanzará los 8.900 millones de euros al cierre de 2026, una cifra que supera ampliamente los 7.400 millones de euros estimados en septiembre.

La revisión al alza de las previsiones pone de manifiesto el rápido deterioro de las condiciones energéticas para la industria. La evolución de los mercados durante las últimas semanas, especialmente en el caso del gas natural licuado (GNL), ha incrementado de forma sustancial los costes de producción de numerosas actividades industriales, especialmente las más intensivas en consumo energético.

Ante este escenario, el portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Carlos Reinoso, señala que “la situación se está agravando a una velocidad superior a la prevista. En apenas unas semanas hemos pasado de estimar un impacto de 7.400 millones de euros a cerca de 8.900 millones. Son 1.500 millones adicionales que las empresas tendrán que absorber en muy poco tiempo, en un contexto de fuerte presión competitiva internacional. España necesita una reacción urgente para evitar que esta crisis energética termine comprometiendo inversiones, actividad industrial y empleo”.

Desde la Alianza subrayan que los datos del último Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG), elaborado por Enagás, reflejan una nueva contracción de la actividad gasintensiva en España. En septiembre de 2026, el consumo industrial de gas cayó un 9,4% respecto al mismo mes del año anterior, una tendencia que, además, se ha intensificado en los últimos meses y afecta especialmente a sectores clave para la actividad productiva.

La evolución resulta aún más preocupante al compararla con los niveles previos a la crisis energética. El consumo industrial de gas en septiembre se situó un 31% por debajo de la media registrada entre 2018 y 2021, mientras que en el conjunto del año la caída alcanza ya el 27% respecto a ese mismo periodo de referencia. Además, esta reducción no se ha visto compensada por un incremento equivalente del consumo eléctrico ni de otras fuentes energéticas descarbonizadas. “Todo ello apunta a que una parte significativa del ajuste responde a destrucción de demanda y menor actividad industrial”, valora Carlos Reinoso.

La escalada de precios sitúa a la industria manufacturera española, especialmente a los sectores más intensivos en consumo de energía, en una situación crítica para competir en los mercados, amenazando la continuidad operativa de los centros de producción.

Es necesario recordar que los sectores productivos, si bien aportan directamente el 11,7% del PIB (sin considerar impuestos), generan el 32,1% del Valor Añadido Bruto de nuestra economía y el 45,2% del empleo considerando sus efectos indirectos e inducidos, siendo también responsable del 90% de las exportaciones.

Ante esta situación crítica, y dado que el Real Decreto-ley 25/2026 de 29 de septiembre de respuesta a la crisis en Oriente Medio, no incluyó ninguna de las propuestas solicitadas por la industria, ante el recrudecimiento de la situación, la Alianza por la Competitividad considera urgente e indispensable acometer medidas paliativas que puedan evitar cierres prolongados de producción y eventuales ajustes de empleo:

1. Adopción de medidas de apoyo a los costes soportados en factura por los consumidores industriales gasintensivos.

Establecer un mecanismo de ayuda destinada a las empresas gasintensivas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas, similares a las ayudas dispuestas tras la invasión de Ucrania. Dadas las limitaciones del Marco Temporal de Ayudas de Estado por la crisis de Oriente Próximo (METSAF) aprobado por la Comisión Europea el 29 de abril, y aprovechando el fin de su vigencia el próximo 31 de diciembre, es necesario que el Gobierno traslade de forma inmediata al Ejecutivo comunitario y en el seno del Consejo, la urgencia de prorrogar el METSAF, o marco equivalente, y modificar el detalle del marco hasta ahora vigente para habilitar este mecanismo de compensación que mostró su eficacia en la etapa más intensa del conflicto de Ucrania. La falta de respuesta que ante la situación actual están mostrando las autoridades comunitarias resulta completamente contradictoria con los aparentes objetivos prioritarios de proteger la competitividad industrial y la autonomía estratégica de la Unión Europea.

2. Reducción del tipo del Impuesto Especial Eléctrico (IEE) al mínimo permitido por la vigente normativa europea.

Reactivar la reducción urgente de su tipo hasta el mínimo permitido por la normativa europea vigente (0,5%), sin vincular esta reducción a mecanismos automáticos que operan con retraso y no reflejan situaciones reales en la industria. Mantener el tipo reducido de forma estructural para el conjunto de la industria es necesario para proteger la competitividad de nuestro sector productivo.

3. Anticipar la reducción a cero del tipo del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Dada la crítica evolución del mercado eléctrico desde la aprobación del RDL 18/2026, se solicita anticipar la reducción al 0% desde el primero de enero de 2027, en lugar dela fecha prevista en el RDL (1/1/2028).

4. Reducción urgente de los sobrecostes ocasionados por Servicios de Ajuste.

De acuerdo con el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación del periodo 15-31 de octubre, la media de este coste se sitúa ya en 22,46€/MWh desde el inicio del año, con un valor acumulado de 4.570 millones de euros y una proyección de cerca de 5.400 millones hasta diciembre. Independiente de las soluciones tecnológicas, procedimientos de operación u otras que se habiliten o estén en curso para reducir este coste, deben aplicarse compensaciones parciales a la industria manufacturera, o bien trasladar las restricciones técnicas a peajes, tal y como está diseñado en la mayoría de los países de la Unión Europea a diferencia de España.

5. Prórroga de la reducción del 80% en peajes para electrointensivos más allá del 31 de diciembre de 2026.

El Real Decreto Ley 7/26 establece la reducción del 80% hasta el próximo 31 de diciembre. Es necesario, al menos, establecer su continuidad durante el ejercicio 2027, pero considerar también su adopción estructural, en línea con los modelos de nuestros principales competidores en la UE, Alemania y Francia.

6. Incremento de la dotación presupuestaria de las ayudas para las compensaciones por CO2 indirecto hasta el máximo permitido por la normativa europea vigente.

El mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (regulado por el RD 309/22) es esencial como herramienta para devolver a la industria parte del sobrecoste del CO2 emitido por el sector eléctrico que se repercute en la factura eléctrica. A pesar del esfuerzo realizado por el Ministerio de Industria en las últimas convocatorias (600 millones de euros), la dotación presupuestaria asignada no ha evolucionado al ritmo del número de potenciales beneficiarios de las ayudas, ni del potencial volumen de compensaciones a percibir que posibilitan las vigentes directrices europeas. Por ello, se propone incrementar el presupuesto hasta la intensidad máxima de ayuda permitida por el marco europeo mediante un aumento de la dotación presupuestaria prevista para la presente convocatoria de 2026. Asimismo, debe contemplarse la posibilidad de garantizar estructuralmente la percepción de estas compensaciones, tal y como sucede en los principales países de la UE con los que competimos.

Con todo ello, Reinoso advierte que “la industria española no puede afrontar en solitario un incremento de costes de esta magnitud mientras nuestros principales competidores europeos cuentan con mecanismos de apoyo más sólidos y permanentes. Es imprescindible actuar de manera inmediata para preservar la competitividad y la autonomía industrial de nuestro país”.