El Gobierno anuncia nuevas medidas para la protección energética ante la crisis de Ormuz

Con el objetivo de amortiguar el impacto de la escalada de los costes energéticos derivados de la crisis de Ormuz, el Gobierno ha aprobado este nuevo paquete de medidas tras el deterioro del precio del crudo y las tensiones registradas en los mercados energéticos. El tercer real decreto ley mantendrá durante tres meses parte de las medidas que expiraban el 30 de septiembre de 2026 y añadirá actuaciones de carácter estructural relacionadas con la autonomía energética y la descarbonización.

Según las informaciones de Moncloa, en materia de transporte por carretera, la norma prorrogará durante el último trimestre del año las ayudas al combustible profesional. Para los vehículos que tengan derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, la ayuda al gasóleo profesional se situará en 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre. Estas cantidades podrán ajustarse si se activa el mecanismo de salvaguarda previsto para la fiscalidad del gasóleo.

A estas actuaciones se sumarán nuevas reducciones fiscales sobre los carburantes. El Gobierno aplicará una rebaja de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre para gasolinas y gasóleo. Además, se incorporará un mecanismo de salvaguarda que permitiría recuperar una bonificación de hasta 20 céntimos por litro en función de la evolución de los precios.

Para el transporte ferroviario de mercancías se habilitará una ayuda directa de 15.000 euros por locomotora diésel.. En el sector agrario continuará la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo B, y en el pesquero se prorrogará la ayuda compensatoria destinada a absorber el incremento de los costes de los carburantes.

La cotización del gas tendrá un peso máximo del 35% en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural correspondiente a octubre, de manera que la subida máxima de esta tarifa quedará en torno al 15%, frente a un incremento superior al 45% que se produciría sin esta intervención. Además, el precio máximo de la bombona de butano quedará fijado en 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales.

La electricidad contará también con una cláusula de salvaguarda fiscal. Si la inflación de la electricidad aumenta un 15% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, se contempla reducir el IVA de la luz del 21% al 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%. La primera medida alcanzará también al gas natural, las briquetas y pellets y la madera para leña, mientras que la reducción del recibo eléctrico se dirigirá a consumidores con potencias contratadas inferiores a 10 kW y beneficiarios del bono social.

Paralelamente, el real decreto ley elevará de 16,5 a 21 días las reservas mínimas exigidas de gas natural licuado dentro del Plan de Acción Invernal, al tiempo que introducirá flexibilidad para facilitar su cumplimiento. También duplicará las multas asociadas a distintas infracciones del sector de hidrocarburos y reforzará el sistema de Certificados de Ahorro Energético.

Ante este escenario, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera insuficiente el alcance del paquete aprobado por el Gobierno. Su portavoz, Carlos Reinoso, valoró cualquier actuación dirigida a aliviar la presión energética sobre empresas y ciudadanos, pero sostuvo que las medidas anunciadas no permitirán compensar el impacto que la organización estima para la industria manufacturera española.

Según la Alianza, la factura energética asociada a la crisis de Ormuz podría superar los 7.400 millones de euros para la industria manufacturera española. Reinoso señala que un incremento de costes de esta magnitud puede tener consecuencias sobre la producción, la inversión y el empleo, y reclamó una respuesta de mayor alcance para afrontar una situación que, a juicio de la organización, está agravando problemas de competitividad que el sector industrial ya arrastraba.

La organización empresarial considera, además, que una respuesta planteada únicamente ante la coyuntura actual podría generar efectos estructurales sobre la actividad industrial, por lo que pidió reforzar las medidas destinadas a preservar la capacidad competitiva de la industria española.