El Gobierno revisa la normativa de calidad alimentaria para reforzar la información y la trazabilidad

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que modifica y elimina distintas disposiciones en materia de calidad alimentaria con el objetivo de adaptar la regulación a los avances tecnológicos y a las nuevas exigencias del consumidor. La medida persigue mejorar la claridad de la información, fortalecer la trazabilidad, incorporar innovaciones en procesos y productos y aumentar la competitividad del sector agroalimentario.

Entre los cambios más relevantes figura la incorporación del pan sin gluten a la norma de calidad del pan, donde hasta ahora no estaba recogido. Esta actualización responde a una demanda del colectivo celíaco y ofrece respaldo normativo a una oferta cada vez más amplia dirigida a consumidores con intolerancias.

La reforma también aporta mayor seguridad jurídica a operadores y autoridades de control. A partir de ahora, productos que no estén elaborados con harina podrán comercializarse bajo la denominación de pan, siempre que cumplan el resto de requisitos establecidos en la norma de calidad.

Otra modificación destacada afecta a la horchata, cuya elaboración podrá realizarse sin azúcares añadidos o con contenido reducido en azúcar. No obstante, para preservar su carácter tradicional, se prohíbe el uso de edulcorantes y colorantes.

En un contexto marcado por la demanda de productos más saludables, transparentes e innovadores, el real decreto introduce cambios en diferentes categorías.

En el caso de las galletas, la norma elimina el límite máximo de cenizas, una restricción que hasta ahora condicionaba determinadas formulaciones. Con esta modificación se facilita el desarrollo de nuevas recetas que incorporen harinas integrales, fibras y otros ingredientes innovadores, en línea con la demanda de productos más saludables y adaptados a las nuevas tendencias de consumo.

Por su parte, en las aceitunas de mesa se refuerza la transparencia en el etiquetado. A partir de ahora, los rellenos en forma de pasta deberán indicarse de manera clara en la lista de ingredientes, garantizando así una información más precisa al consumidor. Al mismo tiempo, se mantienen denominaciones tradicionales ampliamente reconocidas, como “aceitunas rellenas de anchoa”, preservando el valor comercial y cultural de estas referencias.

Otros ámbitos con ajustes normativos

En grasas comestibles y preparados grasos, se redefine el concepto de “preparados grasos” para evitar que mezclas de aceite de oliva con otros aceites vegetales se comercialicen bajo esa denominación.

En vinagres, se reconocen prácticas tradicionales, especialmente en productos con Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida, y se amplían los ingredientes permitidos.

En derivados cárnicos, se regulan menciones como “natural” y “elaboración artesana”, se reconoce el “jamón de pavo” y se refuerza la trazabilidad en jamones y paletas curados.

En sidra natural y sidra, se incorporan las sidras de hielo y se recuperan determinadas prácticas tecnológicas.

Con esta revisión, España moderniza su normativa de calidad alimentaria para ajustarla a la producción y tecnología actuales, suprime regulaciones que ya habían quedado obsoletas frente a la legislación europea y adapta secciones del Código Alimentario Español a los nuevos requisitos.

El Consejo de Ministros ha aprobado también una modificación de las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar la integración de cooperativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. El objetivo es reforzar su impacto territorial y simplificar su gestión, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC).

La reforma introduce nuevos criterios de priorización en función de la ubicación de las inversiones, dirigiendo preferentemente los recursos hacia zonas estratégicas definidas en marcos de actuación o planes específicos, además de las zonas rurales. Entre los posibles beneficiarios figuran proyectos situados en áreas como el “Marco Doñana”.

Asimismo, se actualiza el sistema de evaluación de la capacidad económica de las entidades solicitantes, incorporando una metodología más objetiva y armonizada conforme a la normativa europea. Con ello se busca estandarizar los procesos y reducir cargas administrativas.

Estas ayudas están orientadas a mejorar la transformación y comercialización de productos agrarios, aumentar la competitividad y dimensión empresarial de las entidades y reforzar la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. En el actual periodo de la PAC cuentan con una dotación total de 100 millones de euros, con nuevas convocatorias previstas hasta 2027.