La ley de residuos mermará competitividad a la industria alimentaria, según FIAB

El Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Entre las principales medidas, la nueva regulación establece dos nuevos impuestos: uno que grava los envases de plástico de un solo uso y otro sobre el depósito de desechos en vertederos y la incineración. Además, vuelve a establecerse un canon hidroeléctrico a las compañías eléctricas.

La nueva norma prohíbe la venta de productos de plástico de un solo uso, como pajitas, vasos y platos, o que los fabricantes añadan microplásticos a productos de limpieza y cosmética. Establece, también, medidas que impulsen la venta a granel en las grandes superficies comerciales, entre otras exigencias.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera que con esta ley se da "un paso adelante en la modernización y en la circularidad de nuestra economía, en la capacidad de diseñar mejor las cosas para generar menos residuos y gestionar mejor los generados de forma que se recuperen sus materiales y nos permita volver a utilizarlos en la nueva cadena de producción. También damos un paso adelante en la lucha contra la invasión del plástico".

Polémicas medidas

Para algunos sectores, sin embargo la nueva ley tendrá preocupantes consecuencias para las empresas que se ven afectadas. Mauricio García de Quevedo , director general de FIAB , explica que “la Ley de Residuos y Suelos Contaminados tendrá un importante impacto en las empresas del sector, alrededor de 2.000 millones de euros, y por tanto en el empleo”. La organización, que reúne a 43 asociaciones, se remite a los datos facilitados por el estudio que encargaron a Analistas Financieros Internacionales (AFI), presentado hace unas semanas.

Según ese informe, el impuesto a los envases de plástico no reutilizables que contempla la nueva Ley podría tener un impacto de 690 millones de euros y el incremento del coste de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) supondrá 1.150 millones de euros para las empresas.

En FIAB recuerdan que la nueva legislación va más allá de las exigencias europeas sobre esta materia y por tanto merma la competitividad de las empresas españolas que deben asumir nuevos costes para poder cumplir la ley. Insista en que se trata de un sector clave para la economía española , con más de 30.000 empresas, en su mayoría pymes, que da trabajo a casi medio millón de personas ya dos millones y medio de manera indirecta.

Reiteran desde la federación el compromiso del sector con la protección del planeta. “Las empresas han adaptado sus procesos productivos para hacerlos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente en la línea marcada en Europa y consideramos que la orientación orientada a avanzar hacia la sostenibilidad no debería mermar la competitividad empresarial”, indican.

FIAB pide al Gobierno “que escuche al sector antes de poner en marcha futuras medidas como el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases e insiste en la importancia de ajustar y acompasar el ritmo de las medidas a la normativa europea”.

El director general de FIAB, considera que “si el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases sigue adelante en los términos actuales hasta 2.400 compañías, que el 7,1% del total de las empresas del sector representan, podrían verse obligados a cerrar y 26.500 puestos de trabajo en el conjunto del sector de alimentación y bebidas estarían amenazados”.

Aecoc lamenta los sobrescostes de la ley

La Asociación de Empresas de Gran Consumo se ha manifestado en similares términos. Tras asumir la obligatoriedad de adaptar la legislación española a la normativa europea, entienden que España ha ido más allá de las exigencias planteadas por la UE, “trasladando sobrecostes a las empresas y poniendo en riesgo la competitividad de las compañías españolas, que tendrán que destinar mayores recursos que sus competidores europeos para el cumplimiento de la ley”, indican en un comunicado.

Como ejemplo señalan el artículo 55 de la ley, que añade productos como bandejas, anillas, monodosis o palitos para alimentos al listado de todos los artículos fijados en la Directiva 2019/904 de la Comisión Europea. “Del mismo modo, la ley prevé ampliar las contribuciones financieras de las empresas productoras a la hora de asumir los costes de la recuperación y limpieza de los residuos abandonados en vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; trasladando así a la empresa privada una responsabilidad que anteriormente se gestionaba con fondos públicos”, indican.

Fin al IVA a las donaciones de productos

Aecoc y FIAB, junto a otras organizaciones que representan al conjunto de la cadena de valor del gran consumo y la hostelería como ACES, Anged, Asedas y Marcas de Restauración, así como las organizaciones del tercer sector ( Federación Española de Bancos de Alimentos, World Vision, Fundación Lealtad, Plataforma para la Infancia, Asociación Española de Frundraising y Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo) sí han aplaudido la supresión del IVA aplicado a las donaciones de productos, que también contempla la nueva ley.

Desde estas plataformas estiman que la medida estimulará las donaciones a gran escala y contribuirá con ello a la reducción de residuos que se pretende, como ya está ocurriendo en Francia, Bélgica, Alemania, Grecia, Hungría, Italia o Polonia. Se recoge en la disposición final 3ª de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que modifica el artículo 91 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el valor añadido.

En España se generan 138 millones de toneladas de residuos cada año, que suponen un 4,3% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). “La modificación evitará que muchas empresas, en especial las de menor tamaño, tengan que renunciar a donar bienes por resultarles económicamente gravoso, ya que en la situación actual las donaciones tributan un IVA que no se recupera posteriormente”, indican en un comunicado.