Los distribuidores del Canal Impulso extienden su petición de ayuda a las Comunidades Autónomas

Preocupados por la situación del Canal Impulso, los responsables de las cinco centrales de compra del Canal Impulso han querido tocar ampliar los resortes oficiales para buscar ayudas tras el confinamiento y dar visibilidad a la problemática que se plantea sobre el futuro de estos profesionales.

Más de 60.000 puntos de venta minorista o “tiendas de barrio”, donde se comercializan productos como aperitivos, chocolates, dulces y caramelos, frutos secos y otros además de bebidas, se encuentran directamente afectados y van a tener una complicadísima vuelta al trabajo. Así se lo hicieron saber en las últimas semanas a la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), a la Junta de Andalucía, a los Ministerios de Trabajo y Economía Social y al de Industria, Comercio y Turismo y a Cepyme.  Además de explicar su problemática, les pedían directamente ayudas que lograran paliar la situación de "cierre temporal de nuestro Canal Impulso", debido al Covid-19.

Las centrales se han dirigido a las comunidades para explicar que  se encuentran directamente afectados por el cierre de los comercios y van a tener una complicadísima vuelta al trabajo

Las últimas en recibir esas cartas han sido las Comunidades Autónomas. Además de la enviada en su momento al Vicepresidente de la Junta de Andalucía, los representantes de las cinco centrales de compra, Antonio Barbosa, de Adyma, Carlos Cadierno, de Unicom, Israel Ríos, de Ceconsa, José Antonio Jurado, de Nuci, y Patricia Añover, de Lekkerland España, que firman conjuntamente el documento, han explicado a altos cargos del área de comercio de cada Comunidad, la idiosincrasia de este Canal, único en Europa, que emplea a unas 10.000 familias de forma directa y más de 70.000 de forma indirecta.

Concretamente, han enviado una carta a la consejera de Industria, Empresa y Portavocía, de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ana Martínez Vidal; al consejero de Industria Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, Enrique Fernández Rodríguez; a los vicepresidentes de la Comunidades de Madrid, Ignacio Aguado Crespo, Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro y del gobierno Balear,  Juan Pedro Yllanes Suarez; a la directora gerente de Comercio y Consumo Xunta de Galicia, Sol Mª Vázquez Abeal; al consejero de Economía e Industria de la Comunidad Valenciana, Rafael Climent; al secretario de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura, Antonio Ruiz Romero; y al secretario general de Comercio y Consumo de Cantabria, Odette Alvarez.

En ella aluden, de forma explícita, al “grave riesgo” que supone la situación de excepcionalidad provocada por Covid-19 para muchas empresas del sector que se han quedado sin actividad, “lo cual impide, entre otras obligaciones, afrontar con garantías las obligaciones de pago a proveedores y trabajadores”.

En los documentos enviados, los representantes de las centrales de compra, aluden a los motivos que les han llevado a realizar tales peticiones:

• Porque nuestros clientes (pequeños comercios) están cerrados al público”.
• “Por tanto, no podemos servir a nuestros clientes”.
• “Porque los proveedores no puedan servir mercancía”.
• “Porque derivado de lo anterior nos hemos visto obligados a tomar medidas con el personal empleado: personal de almacén, repartidores, comerciales, administrativos, que no pueden desempeñar su trabajo porque no hay actividad”.