La Ley de la Cadena Alimentaria, sus derechos y obligaciones, protagonistas de un seminario online liderado por José Miguel Herrero

Los derechos y obligaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria ha sido los grandes protagonistas de un seminario online durante 60 minutos esta mañana al que han asistido más de 400 profesionales de comunicación para escuchar a José Miguel Herrero, director general de la  industria alimentaria, y a Gema Hernández, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarias (AICA), que han explicado aspectos esenciales de la norma y han contestado a más de un centenar de preguntas de los medios sobre sus novedades y, especialmente, aquellas partes de obligado cumplimiento. "Bajo el lema 'El arte del saber hacer', estamos reinvidicando el papel de la alimentación", ha manifestado.

Herrero ha detallado  las novedades sobre la Ley de 2013 introducidas a través del Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero, con medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. "Hemos pasado del trato al contrato, protegiendo al eslabón más débil, para mejorar el equilibrio de la cadena alimentaria, garantizar el futuro de todas las actividades agroalimentarias de nuestro país, favorecer la capacidad negociadora en origen y, especialmente el reparto justo en todos los eslabones", han sido palabras de Herrero, quien ha hecho especial énfasis en que "con la modificación de la Ley de la Cadena se reforzará la posición de los productores en sus relaciones comerciales con el resto de los operadores de la cadena alimentaria". Se establecen los "precios justos y los pagos a 30 días para los productos perecederos y 60 días para el resto".

Entre otros cambios, se establecen los precios justos y los pagos a 30 días para los productos perecederos y 60 días para el resto, se prohibe la venta a pérdida o destrucción de valor en la cadena y se prevé que la publicidad de las infracciones graves y muy graves sean firmes

Como resumen de lo hablado, "que tendrá su continuidad en nuevos seminarios", según ha dejado de manifiesto el director general "para seguir abordando y explicando detalladamente los cambios de  la norma" cuyo texto completo está colgado en la página web del Ministerio, ha hecho hincapié en que " el precio tiene que estar por encima del coste, porque todos los operadores han de tener un beneficio, incluso aunque sea a coste cero pero nunca por debajo de cero" y ha añadido que "los costes de producción que elaboran los distintos organismos se podrán tomar como referencia", pero "en ningún caso como base, porque cada productor tendrá sus propios costes de acuerdo a sus características y sus niveles de eficiencia". Y esos costes efectivos de produccion "se tendrán en cuenta pero no deben estar reflejados en los contratos". Es decir, se prohibe " la venta a pérdida o destrucción de valor a lo largo de la cadena",  por lo que cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.

Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, "se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves que sean firmes, en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial". Asimismo, José Miguel Herrero ha adelantando que se está trabajando en el Reglamento de Transparencia "para tener en cuenta tanto los precios en origen como los cambios que van experimentando en los distintos eslabones de la cadena", un reglamento que impondrá "obligaciones a las organizaciones que agrupan a la industria y la distribución".

Por su parte, Gema Hernández, ha profundizado en la AICA, como órgano de vigilancia y control porque esta Ley contempla tres apartados: la norma, las infracciones y el órgano de control, "que hará seguimiento de los dos primeros puntos". Hernández  ha explicado que los elementos mínimos que tendrá el contrato, "que  incorpora, como cláusula obligatoria, incluir en los contratos la indicación expresa de que el  precio pactado, es decir, entre el productor primario y su primer comprador, cubre los costes de producción", además de  la identificación de las partes, el objeto, las obligaciones y derechos de cada participante y la duración de dicho contrato.  En el nuevo Real Decreto-Ley se consideran graves, infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en los costes. Se consideran también infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.

A las preguntas de los periodistas, tanto José Miguel Herrero como Gema Hernández, moderados por el periodista Diego de la Fuente, han contestado a aspectos sobre cómo actuará la AICA, si habrá transferencias a las CCAA, si ya ha habido procedimientos judiciales y otras actuaciones puntuales, las garantías entre las partes, cómo se contempla la trazabilidad en la ley y muchas otras cuestiones  sobre  los pagos, especialmente al contado, sobre los eslabones más débiles de la cadena alimentaria como los pequeños productores, pymes y pequeños comercios, que da idea del interés que ha despertado esta iniciativa en la que ha participado Sweet Press y Tech Press, con sus medios profesionales Dulces Noticias... y algo más, Noticias al Detalle y Tecnifood, respectivamente.