La Ley de la Cadena Alimentaria ha superado su último trámite parlamentario con su aprobación en el Congreso de los Diputados. Desde FIAB, aunque entienden que es un paso adelante en el buen camino, prefieren esperar a que pase más tiempo para hacer una valoración más exhaustiva de la misma. Además, esta federación advierte de los riesgos que para la supervivencia de muchas empresas y para la recuperación del consumo puede suponer el incremento de precios en las materias primas, en el transportes y en la energía
La Ley de la Cadena Alimentaria ha superado su último trámite parlamentario, con su aprobación en el Congreso de los Diputados, antes de entrar en vigor.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho que se trata de la ley “más importante para el sector agroalimentario”.
Tras más de una década sobre la mesa, por fin se ha hecho realidad una legislación que busca mejorar las relaciones entre agricultores, ganaderos, industria y distribución.
Además, Planas ha reconocido que esta nueva ley supone “un antes y un después en la regulación de la cadena alimentaria, además de un cambio de cultura en las relaciones contractuales, por lo que tardará un tiempo en sentirse realmente el efecto”.
Desde la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) han hecho una lectura positiva de este nuevo texto legal, pero a la vez prefieren esperar a que entre en vigor y que la ley tenga una aplicación práctica para poder hacer una valor más en profundidad.
Según han asegurado desde FIAB a Dulces Noticias… y algo más, “como representante del eslabón central de la cadena alimentaria, consideramos que la reforma de la Ley da un paso hacia adelante es aspectos clave como la introducción de la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón, una petición que llevábamos tiempo pidiendo”.
Igualmente, desde FIAB consideran que también “debería modificarse el artículo del Coste Efectivo del Productor, donde el compromiso de justificar este coste efectivo lo tenga el vendedor”.
No obstante, fuentes de FIAB consultadas por esta revista han reconocido que esta ley supone “un paso adelante en el buen camino, aunque habrá que analizar la aplicación práctica de la misma durante los próximos meses para valorarla definitivamente”.
Desde el Ejecutivo, Luis Planas ha asegurado que esta nueva norma mejorará la capacidad de negociación del eslabón más débil, que son agricultores y ganaderos, y les permitirá obtener una remuneración digna por sus productos.
El ministro ha recalcado el compromiso firme del Gobierno en su aplicación "con todos los participantes en la cadena”, a la vez que ha destacado que es una gran oportunidad “para reequilibrar la cadena y para que todos los eslabones participen en la generación de valor, para caminar hacia adelante teniendo un rumbo".
En este sentido, desde FIAB se alerta de la gravedad de la situación provocada por el incremento inflacionista en costes energéticos, materias primas y auxiliares, así como las dificultades de aprovisionamiento, que en conjunto “suponen una seria amenaza para las empresas y el empleo del sector, que aún se encuentran en un proceso de recuperación de la crisis provocada por la pandemia”.
Así, el escenario económico de las últimas semanas, al que se une también la subida de los costes de transporte por carretera y los fletes marítimos, “ponen en riesgo la supervivencia de muchas empresas de alimentación y bebidas”, indican desde esta Federación.
Además, FIAB señala que también es necesario considerar los efectos de este escenario en el consumo, un factor clave para afrontar la recuperación económica tras la crisis económica provocada el coronavirus.
“En estas circunstancias, el gasto del consumidor podría reducirse, perdiendo todo el esfuerzo que se ha realizado previamente para la reactivación de la economía y la generación de confianza”, indica Mauricio García de Quevedo.
