En 2024 hubo 1.253 normas nuevas o modificadas sobre el comercio

La presión legislativa sobre el comercio alimentario bate un nuevo récord en 2024, según los datos compartidos por Asedas y facilitados por WorldLex, al haberse aprobado o modificado un total 1.253 textos legislativos, lo que supone que cualquier comercio tuvo que conocer y ejecutar 3,4 nuevas normas cada día. Esta cifra supone un nuevo repunte sobre el año 2023, que registró 1.140 nuevas normas (3,1 al día), y queda muy lejos de las cifras pre-pandemia, cuando el número era de 476.

Por categorías, el medioambiente repite como el ámbito en el que más se está regulando. De hecho, algo más de un tercio del total de la actividad legislativa (470 normas nuevas o modificadas) se concentra en cuestiones relacionadas con el medio ambiente en general, la eficiencia energética o el diseño ecológico; destacan las 275 de las Comunidades Autónomas y las 118 de la Comisión Europea.

Otro ámbito de interés es el relacionado con la seguridad alimentaria, con 253 normas que afectan a cuestiones como el almacenamiento, conservación y transporte, los controles oficiales o la protección animal, entre otros muchos, que configuran un sistema muy garantista para el consumidor en esta materia. Por último, cabe mencionar también la carga normativa en materia laboral (132 textos en total) y en administración empresarial (un total de 210) sobre cuestiones tan variadas como licencias urbanísticas o inteligencia artificial.

La Comisión Europea vuelve a liderar la actividad legislativa, con 444 normas frente a las 809 que suman todas las administraciones públicas españolas (Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos de capitales de provincia). En el ámbito nacional, las Comunidades Autónomas destacan con 514 nuevas normas de distinto rango o modificaciones de otras anteriores, frente a las 230 emanadas del Estado central y las 65 de los principales ayuntamientos.

Alberto Peironcely, director de Asuntos Regulatorios de Asedas afirma que este “incesante incremento de normas, ya sean nuevas o modificaciones sobre anteriores, que afectan al comercio alimentario convierte su gestión en un gran problema para las empresas, que se ven obligadas a dedicar muchísimos recursos solo a realizar el seguimiento de las normas en vigor, ya que, por desgracia, muchas novedades legislativas no incluyen una clarificación y simplificación de su contenido”.

De cara al año 2025, se anuncian varios proyectos de Ley o modificaciones de leyes ya existentes importantes y con gran afectación sobre el comercio, como son la Ley de prevención del desperdicio alimentario, la Ley de movilidad sostenible, la Ley de servicios a la clientela, y la posible reducción de la jornada laboral, entre otros. En el ámbito comunitario, las leyes sobre diligencia debida, deforestación y trabajos forzosos pueden tener también un gran impacto por su gran complejidad técnica.

“El exceso de legislación afecta directamente a la competitividad y a la productividad empresarial, por lo que desde muchos ámbitos europeos y nacionales se está pidiendo avanzar hacia un modelo más centrado en la realidad de la sociedad. Esto es posible a través de fórmulas muy sencillas que pongan por delante los principios de necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera de las leyes”, añadió Peironcely.

En nuestro más reciente Informe de Moderna Distribución, publicado en el número de diciembre, este fue uno de los principales temas abordados por los representantes de las asociaciones entrevistados por Dulces Noticias, y todos ellos coincidían en su preocupación respecto a esta excesiva regulación.

En concreto, Ignacio García Magarzo, director general Asedas, afirmó que ”la enorme presión normativa que sufre el sector es un lastre que afecta a la competitividad de nuestro modelo. Quizá el gran reto que tenemos para 2025 es hacer comprender a las administraciones públicas que los objetivos medioambientales y sociales (relacionados, por ejemplo, con la diligencia debida) se van a conseguir de una manera más eficiente si se tiene en cuenta a las empresas. Resumiría la idea en la necesidad de tener más diálogo y menos y mejores leyes.

“La valoración general que podemos hacer -y que también realiza nuestra patronal europea, EuroCommerce- es que es necesario legislar menos y mejor; activar mecanismos de escucha y diálogo con los sectores, que somos los que mejor sabemos cómo adaptar los modelos de negocio a los objetivos -que no se ponen en duda-; y racionalizar y flexibilizar los plazos y la fiscalidad. El comercio es muy consciente de la necesidad de abordar la ‘triple transformación’ - medioambiental, digital y laboral-, pero esto costará hasta el año 2030 unos 600.000 millones de euros a las empresas europeas. Las administraciones públicas deberían ser conscientes de ello y no añadir nuevos costes que, lógicamente, podrían influir sobre los precios que paga el consumidor”, añadió.