Asedas reclama en Bruselas diálogo y políticas que fomenten la competitividad de la distribución alimentaria

Los representantes de los supermercados españoles tienen en el punto de mira la legislación recogida en el Pacto Verde Europeo o el Reglamento contra la Morosidad, que van a suponer un importante esfuerzo para las empresas, tanto económico como estructural. Por este motivo, durante toda la semana, representantes de organizaciones de nueve comunidades autónomas (Castilla La Mancha, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Islas Canarias, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña) se han desplazado a Bruselas para trasladar a los eurodiputados sus inquietudes y sus propuestas. En estas reuniones, les han pedido que “defiendan el sector de la distribución alimentaria por su importancia para la competitividad, la sostenibilidad, la innovación y la formación del talento en la Unión Europea”, según informa Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados).

La asociación explica que este inicio de legislatura es “crucial para el futuro de la economía de la UE, con el gran objetivo recogido en el Informe Draghi de recuperar la competitividad y de hacerlo bajo la sombra del pacto verde” y asegura que “el sector de la distribución alimentaria es estratégico”. Por ello, Asedas ha querido trasladar a los eurodiputados que la intención de crear sistemas alimentarios sostenibles “pasa por el diálogo estratégico entre el conjunto de eslabones de la cadena y entre los legisladores”. La asociación recuerda que las movilizaciones agrarias que tuvieron lugar a principios de año “estuvieron focalizadas en la necesidad de legislar menos y mejor. Una reflexión compartida por el sector de la distribución alimentaria, cuyas organizaciones piden normas que garanticen seguridad jurídica, estabilidad y crecimiento y que pongan en valor nuestro modelo de distribución de proximidad”.

En este sentido, uno de los desafíos más inmediatos que el comercio europeo tiene por delante es el borrador del Reglamento contra la Morosidad (también conocido como el Reglamento de Plazos de Pago), que limita el plazo de pago a 30 días y suprime la libertad para negociar condiciones, “libertad que beneficia a empresas de todos los tamaños y fomenta la competencia”, destaca Asedas.

A este reglamento se suman también otras leyes a las que los nuevos eurodiputados tendrán que enfrentarse en los próximos meses y que la asociación destaca por su “alto coste económico y estructural”, como son “el amplio paquete medioambiental, la normativa sobre diligencia debida y las obligaciones de reporte de información no financiera”. En ellas se incluyen medidas relativas a deforestación, trabajos forzosos y eficiencia energética, entre otros, “para cuyo desarrollo realista es necesario contar con las empresas”, puntualiza Asedas, que reclama diálogo entre las administraciones públicas y los afectados.

En este contexto, el grupo de organizaciones españolas de distribución alimentaria ha instado a los eurodiputados a tener en cuenta las recomendaciones del dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado “La competitividad de las empresas y la economía de la UE ante el Pacto Verde Europeo”, aprobado recientemente, donde se recoge que “si no se garantiza la capacidad de las empresas para realizar esta transición y sacarle provecho, simplemente no será viable”. La asociación advierte del impacto que estas medidas pueden tener y afirma que dependerá de establecer “plazos de cumplimiento razonables y gravámenes asumibles que no pongan en riesgo la viabilidad empresarial ni la capacidad de compra de los consumidores”. Por ello, la distribución alimentaria española demanda “más seguridad jurídica, métodos de rendición de cuentas coherentes, enfoque colaborativo y flexibilidad”.

“El Pacto Verde es el proyecto emblemático de la última Comisión. Los nuevos eurodiputados tienen el reto de cumplir sus objetivos medioambientales y de proteger, al mismo tiempo, la competitividad de las empresas. La distribución alimentaria tiene mucho que decir desde su función estratégica de llevar alimentos seguros, variados y a precios competitivos muy cerca de las casas de todos los consumidores. Por ello, las organizaciones de supermercados de toda España hemos pedido aquí, en Bruselas, a los eurodiputados que defiendan a este sector esencial desde una visión de país y de cadena”, asegura Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas y ponente del dictamen sobre competitividad como consejero del CESE.