Objetivo: Impulsar una economía circular y baja en carbono

El pasado 9 de abril fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, por un lado, la Directiva 2018/851 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y, por otro, gran parte de la Directiva 2019/904 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medioambiente (Directiva SUP). Además, revisa algunos aspectos de la Ley 22/2011 de residuos y la deroga.

Objetivos y medidas de prevención de residuos

Para prevenir la generación de residuos, la nueva ley establece objetivos de reducción del peso de los generados respecto a 2010: un 13% en 2025 y un 15% en 2030. Asimismo, fomenta la reutilización de productos a través de la donación, la reparación y la reutilización de aparatos eléctricos, pilas, envases… y establece una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y de consumidores, y una reducción del 20% de las pérdidas de alimentos en la cadena de producción y suministro para 2030. Igualmente, se fomenta la donación de alimentos para consumo humano y estará prohibida la utilización de ftalatos y bisfenol A en los envases.  

Para reducir el consumo de envases de un solo uso, la administración fomentará en sus instalaciones el consumo de agua potable a través de fuentes o envases reutilizables, y en la hostelería se tendrá que ofrecer la posibilidad de consumir agua no envasada.

El comercio minorista de alimentación de 400 m2 o más, desde enero de 2023, para reducir los residuos, deberá destinar al menos el 20% de su superficie de venta a ofrecer productos a granel o con envases reutilizables. Además, deberán aceptar recipientes reutilizables del consumidor, siendo éstos los responsables de su acondicionamiento.

Responsabilidad Ampliada del Productor

Para fomentar la prevención, la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, los productores podrán ser obligados a hacerse cargo de la gestión de los residuos incluyendo los abandonados en el medioambiente, a establecer sistemas de depósito,  proporcionar información,  implantar medidas de ecodiseño en sus productos… Estas obligaciones se establecerán a través de un Real Decreto.

Asimismo, se han ampliado los costes que deberá cubrir el productor, añadiendo la recuperación de residuos de la fracción resto o la recuperación de residuos procedentes de la limpieza de las vías públicas, de las zonas verdes, áreas recreativas y playas. Para cumplir con sus obligaciones, los productores podrán hacerlo a través de Sistemas Individuales de Responsabilidad Ampliada del Productor (SIRAP) o colectivos (SCRAP).

Productos de plásticos de un solo uso

La nueva ley dispone, tal como lo hacía la Directiva SUP, la prohibición de introducir en el mercado determinados productos de plástico de un solo uso, como cubiertos, platos, vasos y todos los productos oxodegradables.

Asimismo, la ley establece para determinados productos como los vasos y los recipientes alimentarios objetivos para la reducción de su consumo, que van de un 50% en 2026 hasta un 70% en 2030, respecto al 2022, y prohibiendo, además, su entrega gratuita a partir de 2023. Igualmente, se hace referencia a la reducción y sustitución del plástico de un solo uso por otros materiales para artículos de plástico no compostable que no estuvieran incluidos en las directivas (artículos monodosis o anillas de plástico). 

Los recipientes de plástico para bebidas, a partir del 3 de julio de 2024, deberán cumplir medidas relativas al diseño: las tapas y los tapones de dichos recipientes deberán permanecer unidos. También se regula el contenido mínimo de plástico reciclado que deberán contener las botellas de bebidas (PET) de hasta 3 litros en el 2025, que será del 25%. A partir del 2030, las botellas de bebidas de plástico de hasta 3 litros deberán contener como mínimo un 30% de plástico reciclado.  

Otro de los objetivos que se establece es el de recogida separada de botellas de plástico respecto a la puesta anual en peso en el mercado: el 70% en 2023, el 77% en 2025, el 85% en 2027 y el 90% en 2029. En caso de incumplir los objetivos dispuestos en 2023 o 2027, se implantará obligatoriamente un Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) en el plazo de dos años.

También se recoge en la ley el marcado de los productos para informar al consumidor sobre la adecuada gestión de los residuos y la presencia de plástico en los mismos (vasos de bebidas). Además, se establecerán regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los recipientes de alimentos, los vasos de bebidas, las bolsas de plástico o el tabaco. La Administración, por su parte, adoptará medidas para la concienciación del consumidor.  

Medidas fiscales

La nueva ley de residuos regula dos nuevos impuestos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023, el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable, y sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Además, la ley modifica el IVA de las donaciones.

Están sujetas al impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria: de envases no reutilizables que contengan plástico, de productos semielaborados destinados a la obtención de envases (preformas o láminas de termoplástico), y de productos que contienen plástico y permitan el cierre. El tipo impositivo del impuesto es de 0,45 euros/kg y se gravarán por la cantidad de plástico no reciclado que contenga cada envase. La cantidad de plástico reciclado mecánicamente contenida en los envases deberá certificarse a través de la norma UNE-EN 15343:2008. Además, se permitirá certificar el plástico reciclado químicamente. Tras la fabricación de los productos, en la primera venta que se produzca en España, los fabricantes deberán repercutir al comprador el importe del impuesto y la factura deberá incluir separadamente el importe de las cuotas devengadas y los kg de plástico no reciclado.

Por otra parte, el hecho imponible del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos recae sobre la entrega de residuos para eliminación en vertedero, o valorización energética en instalaciones de incineración. La base imponible se establecerá por el peso de los residuos depositados en vertederos o incinerados. Este impuesto ya existe en algunas comunidades autónomas.

Además, para facilitar las donaciones de productos, la disposición final tercera añade un nuevo apartado al artículo 91 de la ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el que se establece el 0% de IVA a las entregas realizadas en concepto de donativos a entidades sin ánimo de lucro.

Infracciones y sanciones

Las actuaciones contrarias a la ley o a sus normas de desarrollo, el abandono de basura en el medioambiente, el incumplimiento de las obligaciones en materia de diseño, o de las obligaciones de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), entre otras, son infracciones que en función del daño a la salud de las personas o al medio ambiente, serán consideradas muy graves o graves. Por su parte, las infracciones leves corresponderán al resto.

Las sanciones económicas para las infracciones muy graves irán de los 100.001 a los 3.500.000 de euros. Las graves de los 2.001 hasta los 100.000 euros y las leves, hasta los 2.000 euros si no estamos ante residuos peligrosos o suelos contaminados en cuyo caso ascenderían a 20.000 euros.