Las medidas de la ley contra el Desperdicio Alimentario son obligatorias desde el 3 de abril

El próximo viernes 3 de abril entran en vigor las obligaciones impuestas por la ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario contempladas en su artículo 6. La normativa, aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo del año pasado, establece medidas concretas para mejorar la planificación de la producción, la gestión de los excedentes o la donación y sus mecanismos de control y seguimiento con el fin de prevenir y reducir el desperdicio de alimentos en todos los eslabones de la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo.

Será una obligación desde esta semana establecer una jerarquía de medidas para prevenir y gestionar los excedentes alimentarios. Las empresas deben contar con un Plan de Prevención del Desperdicio que especifique las medidas adoptadas, la jerarquía aplicada y los mecanismos de seguimiento.

Y eso supondrán mejorar la planificación de sus compras, ajustar la producción y la gestión del stock y fomentar la transformación de los productos no vendidos en nuevos para prevenir en origen la generación de excedentes. Con los que no puedan evitarse, se priorizará su aprovechamiento mediante la donación para consumo humano y, a continuación y siguiendo este orden: la donación para alimentación animal, su uso como materia prima en otras industrias, el compostaje y la valorización energética.

La ley prohíbe expresamente cualquier cláusula contractual que limite la donación de alimentos, que será considerada nula. De hecho, deberán llegar a acuerdos de colaboración con entidades benéficas para destinar su excedente, excepto en casos que resulte completamente inviable y quede justificado.

Los convenios deberán incluir las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, los compromisos de los agentes de la cadena y, también, la posibilidad de que la organización receptora rechace la donación de una manera justificada. Hay ciertas excepciones para microempresas, pequeñas explotaciones agrarias y establecimientos de hasta 1.300 m² de superficie, salvo que esta se supere de forma conjunta bajo el mismo CIF.

Además, las donaciones tienen un incentivo económico, ya que permiten aplicar deducciones fiscales en la cuota cuando la entidad receptora cumple los requisitos de la Ley 49/2002.

“Todas estas medidas que entran en vigor no deberían verse solo como una obligación normativa o un Plan de Prevención formal, es una oportunidad real que nos ofrece herramientas útiles, sencillas y aplicables en el día a día de las empresas: una hoja de ruta clara, con objetivos definidos, KPIs medibles y responsables asignados que garanticen su seguimiento y actualización”, ha explicado Antonio Díaz Otero, director de grandes cuentas en Phenix España.

Esta organización europea, experta en la lucha contra el desperdicio alimentario, explica que cumplir con la ley “no requiere procesos complejos, sino un enfoque estructurado y medible”. Y ha lanzado estas recomendaciones para las empresas, tanto productoras, como distribuidoras, retail o canal Horeca:

-Realizar un diagnóstico inicial para medir las pérdidas y el desperdicio alimentario y ver donde se genera.

-Definir un plan de acción respetando la jerarquía legal que incluye objetivos medibles, y KPISs clave.

-Digitalización e integración de los procesos de donación para obtener datos en tiempo real y optimizar la toma de decisiones.

-Nombrar a una persona responsable de coordinar y hacer el seguimiento de los KPIs.

-Seguimiento constante y mejora continua para una mejor eficiencia operativa y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento legal presente y futuro.

La organización logró redistribuir el año pasado comida equivalente a más de 20.000 carritos de la compra que ayudaron a alimentar a numerosas familias en situación de vulnerabilidad, impulsando a su vez un modelo más sostenible y justo. Lo hizo gracias a los acuerdos alcanzados con retailers, industria alimentaria, cadenas hoteleras, restauración y entidades sociales.

“La ley de Desperdicio Alimentario no solo busca reducir pérdidas, sino optimizar recursos, mejorar la reputación corporativa y generar impacto social, medioambiental y económico positivo para todos”, indica Díaz Otero. “Prepararse con antelación y adoptar medidas prácticas permitirá a las empresas cumplir con la normativa y gestionar sus excedentes de forma eficiente y responsable, ganando competitividad de manera sostenible”.