El Estatuto de los Electrointensivos se amplía a más consumidores

La modificación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, aprobada por el Gobierno a través de un Real Decreto, permitirá que 1.180 empresas puedan beneficiarse de las ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía, frente a las 612 que lo hacen en este momento, según los datos de Red Eléctrica. 

Los cambio introducidos en el Estatuto buscan reforzar las ayudas a los sectores industriales, que ya cuentan con una nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 244 millones de euros, para compensar las emisiones indirectas de CO₂; que se suma a otras ayudas y beneficios fiscales aprobados por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Parte de las modificaciones sirven, además, para adaptarlo a las nuevas exigencias establecidas por Europa. 

El Gobierno aprobó el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos en diciembre de 2020 para apoyar a las empresas en las que el coste del suministro eléctrico resulta crítico

“Con la modificación que aprobamos del Estatuto del Consumidor Electrointensivo reforzamos la política industrial de España y mejoramos la competitividad de la gran industria, favoreciendo la inversión industrial al contar con un marco normativo que refuerza el reconocimiento a estos consumidores, con nuevos requisitos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía de acuerdo con la normativa comunitaria”, ha señalado el ministro  Héctor Gómez. 

El Gobierno aprobó el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos en diciembre de 2020 para apoyar a aquellas empresas industriales en las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, estableciendo un marco jurídico y económico para proporcionarles mayor seguridad y certidumbre en cuanto a los costes energéticos y la mejora su competitividad internacional.

El Estatuto regula dos mecanismos de mitigación de los costes energéticos. Por un lado, la compensación de los costes derivados de la financiación del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables, cogeneración de alta eficiencia y del extracoste de generación en territorios no peninsulares. Estos costes se financian a través de los cargos de la factura eléctrica.

Por otro lado, contempla un mecanismo de cobertura de riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo por consumidores electrointensivos, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI).

Las novedades 

Los cambios aprobados este mes por el Consejo de Ministros  afectan tanto a la caracterización del consumidor electrointensivo que realiza el Estatuto como al primero de los mecanismos de mitigación que contempla, el de compensación de cargos. El  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo explica que, además, se han realizado mejoras técnicas del procedimiento que no derivan de las directrices europeas.

Se han ampliado los sectores subvencionables que se pueden acoger a esta figura, como las industrias extractivas (excepto la extracción de hulla, antracita y gas natural) y sectores manufactureros para fomentar la disponibilidad autóctona de materias primas.

Con los cambios, un consumidor electrointensivo que haya perdido su certificación por incumplimiento de los requisitos, podrá solicitar una nueva un año después de la pérdida de dicha condición

Además, siguiendo las nuevas directrices europeas, más empresas podrán ser beneficiarias, ya que  se ha modificado a la baja el valor de la intensidad de uso de la electricidad, fijándolo en el 5% en lugar del 10% anterior. “Esto implica que los consumidores electrointensivos deberán tener un cociente (durante al menos dos de los tres años anteriores) entre el consumo anual de electricidad y el valor añadido bruto de la instalación correspondiente al punto de suministro superior a 0,25 kWh/€, umbral que ya incorpora el aumento del precio de la electricidad durante el año 2022 (originalmente 1,5 kWh/€)”, indican desde el Ministerio. 

Con las modificaciones introducidas también será obligatorio realizar las inversiones en eficiencia energética económicamente rentables de acuerdo a las nuevas normas europeas. Además, destaca la posibilidad de que ahora un consumidor electrointensivo que haya perdido su certificación por incumplimiento de los requisitos, pueda solicitar una nueva certificación un año después de la pérdida de dicha condición. 

El umbral mínimo de la proporción del consumo anual de electricidad que debe ocurrir durante las horas valle experimenta cambios. El nuevo requisito de consumo de energía en valle se fija en el 46%, menos exigente que el 50% anterior, si bien se suspende su exigencia respecto al consumo del ejercicio 2022.

Sectores afectados

Se ha modificado, también, la metodología para el cálculo de la ayuda, ya que las directrices distinguen entre dos tipos de sectores que pueden acceder a estas ayudas:

1.- Sectores en riesgo significativo de deslocalización, para los que la ayuda máxima se mantiene en el 85% de los costes subvencionables. 

En estos sectores se incluyen, por ejemplo, el procesado de pescados, crustáceos y moluscos; la fabricación de conservas de pescado, el procesado y conservación de patatas, la elaboración de zumos de frutas y hortalizas, la fabricación de grasas y aceites, incluido el de oliva; la fabricación de almidones y productos amiláceos, de azúcar, de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos, de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación o de malta.

2.- Sectores en riesgo de deslocalización, cuya ayuda máxima es del 75% (85% si se cumplen ciertas condiciones) y que ahora podrán recibir una ayuda adicional por encima del 85% si cuentan con instalaciones especialmente electrointensivas bajo ciertas condiciones. 

En este sector se incluyen, entre otros, los relacionados con el procesado y conservación de carne, de margarina y grasas comestibles, de leche, quesos y otros productos lácteos, la fabricación de productos de molinería, galletas,  panadería de larga duración, pastas alimenticias, cuscús y productos similares, cacao, chocolate y productos de confitería, platos y comidas preparados, otros productos alimenticios n.c.o.p. o la fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas.