La cadena de supermercados Lidl continúa con su plan de desarrollo sostenible en España mediante la apertura de dos nuevos establecimientos en Galicia y la Comunidad Valenciana, un movimiento que ha requerido una inversión conjunta superior a los trece millones de euros. Estas inauguraciones, que tendrán lugar en los municipios de Poio (Pontevedra) el 19 de junio y La Pobla de Farnals (Valencia) el 26 de junio, aportarán de forma combinada más de 3.000 metros cuadrados de superficie comercial a la enseña y generarán 43 puestos de trabajo directos. Ambas salas de venta superarán los 1.500 metros cuadrados de exposición y contarán con infraestructuras eficientes.
Con estas actuaciones, la multinacional optimiza una red que ronda los 730 centros en el territorio nacional, enmarcado dentro de una hoja de ruta para su ejercicio fiscal 2026 que prevé la puesta en marcha de cerca de 50 puntos de venta en todo el país (40 de nueva planta y 10 modernizaciones).

Tras la exposición de Laura Fernández Celemín, se celebró la mesa redonda ‘Generando confianza de la granja a la mesa’, en la que además de la directora general de Eufic y de Xavier Pera, que actuó de moderador, participaron Arancha López, vocal asesora de Comunicación de la Dirección Ejecutiva de Aesan; Alejandro Martínez, director de Salud, Sostenibilidad y Calidad de Eroski; y Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) y directivo de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU).
Roberto Ortuño señaló que en la puesta en práctica de la economía circular para la reducción de residuos industriales y del desperdicio alimentario pueden aparecer riesgos emergentes asociados que es necesario identificar y evaluar. “La buena noticia es que tanto Aesan como EFSA están trabajando para que las acciones que se emprendan se hagan al ritmo adecuado y sean compatibles con la seguridad alimentaria; y la mala, es que existe un gap de conocimiento de los riesgos emergentes, ya sea de los derivados de nuevos peligros o de los asociados al aumento de exposición a los ya conocidos, que hay que reducir”. Para lograrlo, Ortuño dijo que se deben acometer políticas de prevención y mitigación de los riesgos y aplicar estas políticas a los nuevos proyectos de economía circular.
En el debate se recalcó la necesidad de que la seguridad alimentaria se integre en los valores y procesos de las compañías, así como en los comportamientos y actitudes de sus trabajadores, asegurando y reforzando la inocuidad a todos los niveles. Este es el objetivo que se persigue con la cultura de seguridad alimentaria, pero para que esta cultura sea real y efectiva se precisa del compromiso y el liderazgo de la dirección, implicando a las personas en estos procesos y dotando a la estructura de los recursos necesarios.