En España hay más 3,4 millones de autónomos, de los cuales unos 1,2 millones son societarios o colaboradores de autónomos. Ahora se cotiza según los ingresos reales pero la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social para el ejercicio 2026 marca para este colectivo una base de cotización mínima de 1.424 euros. La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad. En 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en Presupuestos. Sin embargo, “al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000 euros”, afirman desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.
Desde la organización denuncian que esta situación supone que “un tercio de los autónomos tendrá que pagar una cuota 135 euros al mes más alta que lo que se venía pagando”.

Durante el acto, se ha presentado la campaña europea
#EUChooseSafeFood, cuyo objetivo es
generar confianza en la ciudadanía a la hora de elegir los alimentos que consumen, explicando el papel que desempeña la ciencia en la
A continuación se ha celebrado la mesa redonda 'Sostenibilidad y seguridad alimentaria: reducir envases y desperdicios sin poner en riesgo la salud' en la que han participado Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Economía Circular del Miteco; Carmen Serrano Balazote, consejera técnica de la Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del MAPA; y Victorio Teruel Muñoz, subdirector general de Promoción de la Seguridad Alimentaria de la Aesan.
A finales de los años noventa, varias crisis alimentarias pusieron de manifiesto la “gran debilidad” que tenía el sistema de seguridad alimentaria en la UE, sustentado en legislaciones de los Estados miembros con diferencias importantes en cuanto a los conceptos, los principios y los procedimientos. El Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo vino a corregir los defectos encontrados, mediante un marco que proporciona la base para asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las personas y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos.
En ella han participado Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad; Gemma Trigueros Segura, del Consejo de Consumidores y Usuarios; Enrico Frabetti, director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas; y Mar Canós i Cerdà, subdirectora general de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana.