La compañía Lidl refuerza su presencia en las Terres de l’Ebre (Tarragona) con la apertura de una nueva tienda en Amposta, situada en la plaza de la Castellania, 2. La empresa destina 6,8 millones de euros a la construcción apostando por ofrecer a sus clientes “una experiencia de compra cómoda, práctica y eficiente”. Además, dispone de una superficie de ventas de 1.350 m² e incorpora un aparcamiento con 117 plazas y puntos de recarga para vehículos eléctricos. La apertura también supone un impulso al empleo local.
Con motivo de la inauguración, el establecimiento acoge una degustación de productos de quesería con el fin de acercar parte de su oferta comercial a los consumidores. La nueva tienda incorpora también soluciones destinadas a optimizar el consumo energético y favorecer un uso más eficiente de los recursos destacando la instalación de 800 m² de paneles solares, con una previsión de autoconsumo del 30%, y un sistema de iluminación LED con tecnología DALI.

Durante el acto, se ha presentado la campaña europea
#EUChooseSafeFood, cuyo objetivo es
generar confianza en la ciudadanía a la hora de elegir los alimentos que consumen, explicando el papel que desempeña la ciencia en la
A continuación se ha celebrado la mesa redonda 'Sostenibilidad y seguridad alimentaria: reducir envases y desperdicios sin poner en riesgo la salud' en la que han participado Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Economía Circular del Miteco; Carmen Serrano Balazote, consejera técnica de la Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del MAPA; y Victorio Teruel Muñoz, subdirector general de Promoción de la Seguridad Alimentaria de la Aesan.
A finales de los años noventa, varias crisis alimentarias pusieron de manifiesto la “gran debilidad” que tenía el sistema de seguridad alimentaria en la UE, sustentado en legislaciones de los Estados miembros con diferencias importantes en cuanto a los conceptos, los principios y los procedimientos. El Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo vino a corregir los defectos encontrados, mediante un marco que proporciona la base para asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las personas y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos.
En ella han participado Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad; Gemma Trigueros Segura, del Consejo de Consumidores y Usuarios; Enrico Frabetti, director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas; y Mar Canós i Cerdà, subdirectora general de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana.