La subida del IVA a las bebidas azucaradas podría suponer una caída de ventas de 370 millones

El incremento del tipo de IVA para determinadas categorías de productos alimentarios "podría suponer para la economía española una caída de la facturación de cerca de 120 millones de euros, una pérdida de Valor Añadido Bruto (VAB) de 110 millones de euros y una destrucción de casi 2.000 puestos de trabajo", en el mejor de los escenarios. Esta es una de las principales conclusiones del 'Informe sobre fiscalidad y alimentación' elaborado por la consultora PwC y a instancia de FIAB, Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Hostelería de España, Marcas de Restauración, y Promarca, que ha sido presentado hoy en Madrid, con la presencia también de las asociaciones agrarias Asaja y COAG.

El estudio se ha presentado tras conocerse la intención del Gobierno de incrementar del 10% al 21% el IVA aplicable a las bebidas azucaradas y edulcoradas, medida incluida en el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea, y que implicaría "una recaudación de 490 millones de euros", según se ha señalado en el encuentro.

El aumento de la presión fiscal sobre el sector de alimentación y bebidas "tendría graves efectos económicos y sociales", según ha expresado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, recordando que la medida entra "en abierta contradicción con el anuncio que había realizado el Ejecutivo en contra de aumentar las cargas impositivas en un momento delicado para la reactivación del consumo en nuestro país”.

Por su parte, el director general de Aecoc, José María Bonmatí, ha calificado la medida de "injusta, discriminatoria y que llegaría en el peor de los momentos".  Y ha declarado que "estamos ante el anuncio de una subida de impuestos para abordar una problemática multifactorial, como es la obesidad y el sobrepeso, que requiere una solución global". Para abordar el problema de "forma efectiva y evitar los efectos colaterales que una política fiscal puede tener sobre la economía y sociedad española, es necesario seguir un enfoque holístico, multisectorial y coordinado entre el sector público y privado", ha añadido.

De igual modo, Paula Nevado, secretaria general de Marcas de Restauración, ha puesto el acento en los efectos negativos de esta subida impositiva: "desde la hostelería pensamos que esta medida viene a desincentivar el consumo, y actúa al contrario de lo que están haciendo en otros países en los que para afrontar los difíciles momentos actuales, se están proponiendo iniciativas como la rebaja temporal del IVA o la aprobación de bonos que esimulen el consumo". Asimismo ha recordado que para muchos negocios del sector "el 20-25% de su facturación está basada en los refrescos".

Una idea en la que ha incidido el director general de Anfabra, Josep Puxeu, que ha recordado que "el sector de bebidas refrescantes ha demostrado estar fírmemente comprometido para luchar contra la obesidad". Y sobre la aplicación del impuesto especial a estos productos que ya se aplica en Cataluña, ha aclarado que "se trata de un gravamen diferente, porque va por tramos, según el contenido de azúcar" y sobre sus efectos ha señalado que "la recaudación ha sido menor, pero ha sido debido al nefasto año que estamos viviendo y la caída del negocio global de hostelería".

Por último, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha afirmado que esta subida del IVA "para el sector agrario español es muy negativa", y ha calificado la medida como una forma de "sanear las cuentas a base de impuestos, no de sanear la salud".

La experiencia en otros países muestra que "la subida de impuestos no cambia los hábitos de consumo"

Para contextualizar el estudio, Anna Merino, directora Strategy & Economics de PwC España, ha expuesto que la obesidad es un problema de salud global y de carácter multifactorial que afecta especialmente a los países desarrollados, señalando que "como solución al aumento en las cifras del sobrepeso y obesidad, muchos gobiernos han recurrido a las políticas fiscales para tratar de cambiar los hábitos de alimentación de sus ciudadanos". Pero ha incidido que "según un informe de la OMS, para que realmente estas medidas afectasen a un cambio de hábitos en el consumo, las subidas de precios tendrían que ser superiores al 20%, lo que influiría en el mercado de oferta y demanda de forma sustancial".

Además, ha subrayado que “la evidencia científica basada en la experiencia de países que han implementado impuestos a alimentos y bebidas con el objetivo de mejorar la salud demuestra que la política fiscal utilizada para resolver el problema de la obesidad es limitada, inconcluyente e incluso lo han eliminado por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad”. Como ejemplos ha señalado los de Francia y México, que "tras 6 años de aplicación del impuesto a las bebidas azucaradas, no muestra hasta el momento ningún efecto en términos de reducción de sobrepeso". También ha recordado que "países como Dinamarca, Eslovenia, Australia y Colombia lo han eliminado por ineficaz y negativo para el conjunto de la economía".

Un impuesto que agravaría la crisis de consumo y afectaría a las renta más bajas

Según el ejercicio de simulación incluido en el Informe de PwC, para reflejar el impacto de la subida impositiva en cifras, contemplando dos escenarios, desde uno más conservador con menos productos, a otro rango más amplio, "la caída de ventas sería de 119 millones a 370 millones de euros, que conlleva un efecto arrastre a toda la cadena de valor, lo que se traduciría en una pérdida de VAB entre 110 y 344 millones de euros y que provocaría una destrucción de empleos en un rango entre 1.980 y 6.165"

El informe de PwC pone de manifiesto que la anunciada subida del IVA a las bebidas azucaradas impactaría negativamente en las rentas más desfavorecidas. “Los impuestos ad valorem, que se fijan en función del precio del producto, como el IVA y los impuestos unitarios, son muy regresivos, ya que no tienen en cuenta la renta de los hogares: por cada unidad de producto comprado, pagan lo mismo las rentas más altas que las más bajas”, afirma.

En base a ello, Anna Merino ha señalado que "esta política fiscal agravaría la crisis sobre el consumo y perjudicaría a las rentas más bajas que están siendo las más castigadas". En concreto, "los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones, suponen el 17% de la renta nacional y acabarían soportando el 22% de la recaudación del impuesto", ha asegurado.

Como conclusión, los representantes de las organizaciones sectoriales han alertado de que esta subida del IVA "estaría comprometiendo la competitividad de un sector que en su conjunto representa el 15% del PIB y, con ello, la recuperación económica que tanto necesita este país en estos momentos”.