El Ejecutivo aprueba la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Estas actualizaciones que ahora van a las Cortes Generales, junto a las realizadas en febrero, cumplen con "el firme compromiso del Ejecutivo de modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para impulsar un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la misma", tal como señala el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El objetivo es que la nueva norma entre en vigor el 1 de noviembre de 2021, "con tiempo suficiente para que el sector se pueda adaptar", según Planas, que ha calificado este como "un paso adelante para un sector, el agroalimentario, altamente competitivo y que ha hecho un trabajo excelente en los últimos siete meses para abastecer de alimentos a la población española y mantener el pulso exportador".

El Proyecto de Ley que ahora entra en el Congreso de los Diputados inició su tramitación el 1 de abril de 2020 mediante la consulta pública previa. Desde entonces, se ha debatido con todos los operadores de la cadena y el resto de administraciones afectadas "bajo un espíritu de colaboración y diálogo", informan desde el MAPA.

El Proyecto de Ley generaliza los contratos por escrito, amplía la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas y actualiza las infracciones y sanciones; fomentando, asimismo, la transparencia en la formación de precios. Con ello, se  persigue proteger a los eslabones más débiles de la cadena, mientras se estimulan las relaciones comerciales, así como la innovación, gracias a la mejora de la operatividad de las transacciones. La nueva Ley de la Cadena Alimentaria completa los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

En esta segunda fase de la mejora de la ley, se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena alimentaria. De esta manera "se logrará dinamizar el mercado e impulsar el reparto equitativo del valor añadido", señalan fuentes del MAPA.

En su intervención en el Consejo de Ministros, Planas ha repasado algunos datos, "buena muestra de que el sector está funcionando bien”: el sector agrario ha sido el único en el que el PIB ha crecido en los últimos 12 meses (6,9%) y, en este periodo, las exportaciones han aumentado un 5,5% y han alcanzado los 54.600 millones de euros, lo que ha dejado un saldo positivo en la balanza comercial agroalimentaria de 16.900 millones de euros.

Mejoras clave en la Ley de la Cadena Alimentaria

Desde su promulgación, la Ley de la Cadena Alimentaria ha tenido como misión el "reequilibrio de las relaciones comerciales agroalimentarias". Con la premisa de aumentar su eficiencia, el Proyecto de Ley aprobado hoy entre otras, las siguientes mejoras:

• Se amplía el ámbito de aplicación espacial y material de la norma. En el primer caso, la ley no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá también a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro, incluidas prohibiciones y sanciones. En cuanto al ámbito material, además de los alimentos y productos alimenticios, se contemplan las materias primas y otros productos contemplados en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
• Se amplían los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones.
• Se incorporan prácticas comerciales desleales que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española, fruto de la trasposición de la directiva europea. Entre otros ejemplos, figuran la modificación unilateral de contratos en lo referente a volumen o la devolución de productos no vendidos (salvo pacto expreso).
• Se incorporan nuevas infracciones o se recalifican otras. Tal es el caso de la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (leve) o la obstrucción de la inspección (grave). Por su parte, exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado que pasa de leve a grave.
• Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional.

Novedades que ya incorporaba la primera fase de modificación de la norma

Estas novedades se suman a las introducidas en la modificación de la Ley de la cadena alimentaria, a inicios de 2020 y que supusieron algunos cambios fundamentales:

• Cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción. Este aspecto implica que los precios se fijen de abajo hacia arriba y que el reparto del valor sea más justo.
• Se obliga a incluir en los contratos alimentarios la indicación de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción.
• Uno de los factores a utilizar en la determinación del precio en cuantía variable serán los costes efectivos de producción.
• Las actividades promocionales no pueden inducir a error sobre el precio e imagen de los productos.
• Se recalifica la gravedad en la tipificación de las infracciones en materia de contratación alimentaria.
• Se prevé la publicidad de determinadas sanciones con motivo de estas infracciones.