ATA exige coordinación al Gobierno para la implantación de Verifactu

La petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) es clara. La agrupación reclama al Gobierno que coordine la entrada en vigor de Verifactu, la factura electrónica obligatoria y las exigencias derivadas de la Directiva europea ViDA, con el objetivo de evitar que los trabajadores por cuenta propia tengan que afrontar varias adaptaciones tecnológicas en un periodo reducido de tiempo. La organización considera que el actual calendario normativo puede traducirse en inversiones sucesivas, sobrecostes y una mayor carga burocrática para los pequeños negocios, por lo que pide establecer una única hoja de ruta, con plazos realistas y un marco técnico convergente con el europeo.

La digitalización de los sistemas de facturación se encuentra así en el centro de la reivindicación planteada por ATA, que advierte de que la aplicación descoordinada de las distintas obligaciones puede obligar a los autónomos a modificar sus herramientas tecnológicas hasta en tres ocasiones. Desde la organización, su presidente, Lorenzo Amor, califica el escenario previsto como “una locura” y reclama que los Ministerios de Hacienda y Economía trabajen conjuntamente para evitar que las inversiones realizadas ahora queden obsoletas ante las siguientes exigencias regulatorias.

Según ATA, el calendario actualmente previsto contempla que el autónomo societario tenga que adaptar sus sistemas el 1 de enero de 2027, mientras que para el autónomo persona física la fecha sería el 1 de julio de 2027. A estos plazos se añadiría la obligación de factura electrónica, cuya plena aplicación está prevista para el 31 de marzo de 2028, así como la comunicación digital del estado de las facturas, prevista para el 31 de marzo de 2030.

La organización pone estas fechas en relación con la Directiva ViDA (VAT in the Digital Age), cuyo plazo de transposición finaliza el 1 de enero de 2030 y que establece una hoja de ruta europea para el reporte digital del IVA y la facturación electrónica estructurada en transacciones, conocida como DRR. Desde la perspectiva de ATA, avanzar con distintos calendarios nacionales antes de conocer y aplicar plenamente el marco europeo puede generar nuevas modificaciones técnicas para empresas y profesionales.

El impacto económico de estas adaptaciones constituye uno de los principales argumentos de la federación. ATA recuerda que Verifactu ya tuvo que ser aplazado después de que, según señala, no se hubieran considerado suficientemente los efectos de su implantación ni la diversidad de situaciones existentes en determinados sectores. “En una frutería el cambio y adaptación de las balanzas digitales puede superar los 2.500 euros y en un bar/restaurante las cajas registradoras digitales hasta 1.800 euros”, explica Amor.

El presidente de la organización también apunta a la situación de las oficinas de farmacia, donde existen sistemas integrados que incorporan herramientas de receta y facturación electrónicas y que están conectados tanto con los colegios profesionales como con la Administración. Para ATA, estos casos muestran la necesidad de tener en cuenta las inversiones tecnológicas ya realizadas y las particularidades de cada actividad antes de establecer nuevas obligaciones.

La federación sostiene que una aplicación sucesiva de los diferentes marcos normativos podría traducirse en una primera inversión para cumplir con Verifactu, una segunda adaptación para responder a la factura electrónica nacional y una tercera modificación cuando sea necesario adecuar los sistemas al estándar europeo de ViDA. En este sentido, Amor considera que “no tiene ningún sentido exigir hoy al autónomo que adapte su programa para tener que volver a ajustarlo o cambiarlo meses después para cumplir con la factura electrónica obligatoria”.

Desde ATA reclaman por ello que el Gobierno coordine reglamentariamente las entradas en vigor de Verifactu y de la factura electrónica obligatoria y que ambas se alineen con la normativa europea. La propuesta pasa por concentrar el proceso en una única fecha y un único procedimiento, acompañado de un periodo de transición que permita a los trabajadores por cuenta propia adaptar sus sistemas sin asumir inversiones repetidas.

“Pedimos algo tan elemental como coherencia: un calendario único, coordinado y con plazos realistas”, concluye Lorenzo Amor, quien reclama congelar la exigencia hasta que exista un marco técnico único y convergente con la Unión Europea. Para la federación, la planificación conjunta de las diferentes obligaciones resulta clave para que la transformación digital de los pequeños negocios se produzca de forma gradual y evitando duplicidades de coste