Sólo el 9% de las empresas españolas trabaja con plazos de pago de 30 días

La Comisión Europea propuso en septiembre sustituir la actual directiva de lucha contra la morosidad, vigente desde 2011, por un reglamento directamente aplicable en toda la Unión Europea. El principal objetivo de la propuesta es aplicar un plazo máximo único de pago de treinta días en toda la UE para las operaciones comerciales B2B o entre empresas y Administraciones Públicas. El texto también propone eliminar la posibilidad de que el acreedor pueda renunciar a su derecho de reclamar intereses de demora, estableciendo su pago automático hasta que se satisfaga la deuda. 

Sólo el 9% de las empresas españolas trabaja ya en sus pagos y en sus cobros dentro de ese plazo, según se desprende del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform. El 63% del tejido empresarial cree que cobrar a 30 días a sus clientes mejoraría su liquidez y únicamente un 12% prevé que tendría problemas para pagar a sus proveedores en ese plazo. El estudio muestra todavía un amplio desconocimiento de esta posible evolución legislativa: el 29% de las empresas españolas aún no conoce la propuesta de la Comisión Europea para endurecer la actual normativa contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

La Comisión estima que una de cada dos facturas vinculadas a las operaciones comerciales entre empresas en Europa se paga con retraso o no se llega a pagar y una de cada cuatro quiebras empresariales se debe a los problemas de liquidez que generan los retrasos en el pago de facturas de los clientes. 

EuroCommerce: "Crea una enorme brecha financiera y perjudicará al comercio"

Tras conocer la propuesta de la Comisión, el presidente de EuroCommerce, Juan Manuel Morales, el primer español que preside la patronal de comercio europea, ha reclamado el apoyo de las instituciones al comercio europeo “para garantizar una legislación de mayor calidad, más práctica y coherente, basada en el profundo conocimiento del sector y que, a su vez, evite costes irrazonables”. Morales pidió la revisión de la propuesta normativa al considerar que se trata de “una reducción drástica de las condiciones de pago que crea una enorme brecha financiera. Tal y como está planteada, perjudicará a los millones de empresas del comercio que contribuyen a nuestras comunidades locales”. Además, alertó del impacto que tendrá sobre el sector y que calculó en más de 150.000 millones de euros, "en un momento en que los bancos son cada vez más reacios a ofrecer préstamos comerciales”.

El comercio mayorista y minorista es el mayor empleador privado de Europa, con más de cinco millones de empresas, 26 millones de puestos de trabajo y una aportación del 10% al PIB europeo. “Somos un sector con un enorme potencial en sostenibilidad y transformación digital, plenamente alineado con las ambiciones de Europa para continuar evolucionando” destacó el presidente de EuroCommerce, que añadió que “el sector se está transformando rápidamente en ambos ámbitos y necesitamos invertir para afrontar los desafíos, atraer y retener talento para liderar el cambio”.