El vending pide corregir el decreto de alimentación saludable

Aneda ha pedido al Gobierno que no apruebe de forma precipitada el Real Decreto de alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y que mantenga abierto el diálogo para corregir los aspectos que afectan a la venta automática.

En muchos hospitales, residencias y centros públicos, “las máquinas expendedoras son el único servicio de alimentación disponible por la noche, los fines de semana o cuando la cafetería está cerrada”. Sus usuarios son el personal sanitario, los visitantes y los familiares que acompañan a los pacientes. Es una función complementaria, diferente de la alimentación pautada de pacientes y residentes, que Aneda pide tener en cuenta al evaluar la norma. En 2020, el vending ya fue actividad esencial durante el estado de alarma por la Covid-19.

“Defendemos una alimentación más saludable, pero no a costa de imponer medidas que ignoren la realidad del sector. Hay soluciones técnicas y las hemos puesto encima de la mesa. Queremos mejorar el texto para que sea una norma viable”, ha señalado Yolanda Carabante, directora general de Aneda. También destaca que “una norma aprobada con prisas y con problemas jurídicos que constan en su propia tramitación no va a mejorar la salud de nadie: va a generar litigios, máquinas vacías y menos servicio para quienes más lo necesitan”.

El proyecto, sometido a información pública, establecía que el 80% del espacio de cada máquina debía destinarse a una lista determinada de productos, mientras que el 20% restante quedaba sujeto al cumplimiento de determinados criterios nutricionales. De este modo, la práctica totalidad de la oferta quedaba condicionada por las exigencias del proyecto, sin dejar un margen de libre elección que permitiera adaptar el surtido a las características, necesidades y demanda de cada centro. El sector considera que unas restricciones de esta intensidad son especialmente difíciles de aplicar en un servicio que no funciona como una cafetería o un comedor colectivo.

Aneda pide que las nuevas exigencias puedan cumplirse con el parque de máquinas existente, con su actual distribución de zonas refrigeradas, mecanismos de dispensación y capacidad. Adaptar equipos, modificar surtidos y aumentar la frecuencia de reposición supondría inversiones y costes significativos, que los autónomos y pequeños operadores, con menor capacidad financiera y presencia en ubicaciones de bajo consumo, son los que menos margen tienen para asumir. Por ello, la asociación reclama una memoria económica que cuantifique estas consecuencias y un análisis específico del impacto sobre autónomos y pequeñas empresas.

Según las estimaciones del sector, la venta automática en centros públicos genera en torno a 60 millones de euros anuales en cánones. La aplicación estricta de la norma podría reducirlos en unos 18 millones de euros al año, de los que 8 millones corresponderían a hospitales y a centros sanitarios y sociosanitarios, y poner en riesgo alrededor de 2.000 empleos.

“Detrás de las máquinas hay empresas, trabajadores y muchas familias que viven de esta actividad. Pedimos que se valoren las consecuencias antes de tomar una decisión”, ha añadido Juan Luis Hernández, presidente de Aneda.

Aneda advierte de que el texto presenta problemas jurídicos que ya se pusieron de manifiesto durante su tramitación: “un régimen sancionador sin suficiente cobertura legal, una regulación de la venta automática que va más allá de lo que permite la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y la falta de notificación del proyecto a la Comisión Europea”, obligatoria para las normas técnicas que afectan al comercio de productos. Aprobarlo sin corregirlos expone la norma a su anulación y deja a centros y operadores en una situación de inseguridad jurídica.

Por otra parte, la asociación ha trasladado a varios ministerios una nota técnica con propuestas concretas que resolverían estos problemas sin alterar los objetivos de salud pública del real decreto. Entre ellas, se encuentra ampliar a veinticuatro meses el plazo de adaptación del vending, como recoge la propia memoria del proyecto frente a los doce meses del articulado, y proteger los contratos en vigor.