Asedas afirma que la “presión normativa” que soporta el comercio sigue siendo “muy alta”

La “presión normativa” sobre el comercio se ha mantenido “muy alta” en 2021, según la Asociación Española de Empresas de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que explica en un comunicado que, durante el año pasado, se registraron 2.743 normas, por lo que los establecimientos comerciales tuvieron que aplicar 7,5 normas nuevas cada día. De ellas, 2.025 estaban relacionadas con el Covid-19, lo que supone una media de 5,5 normas diarias en este ámbito.

No obstante, esta cifra es inferior a la de 2020, cuando el comercio se enfrentó a 3.276 normas nuevas, 8,9 al día, pero se sitúa a mucha distancia de las 476 normas registradas en 2019, que se tradujeron en 1,3 normas al día.

Según indica Asedas, el incremento normativo, que califica de “importante”, y que afecta a la legislación europea, nacional y autonómica, supone para las empresas de distribución “un gran esfuerzo económico y de personal”, ya que deben dedicar “una gran cantidad de recursos administrativos y técnicos” al seguimiento de las nuevas normas y a su aplicación: “Por ejemplo, ya en el año 2022, la gestión de las bajas laborales derivadas de la sexta ola de la pandemia y la adaptación a los diferentes criterios que se han aplicado, ha supuesto para algunas empresas la necesidad de triplicar el personal administrativo dedicado a ello”.

Dado el elevado porcentaje de normas relacionadas con la pandemia, Asedas confía en que la evolución de la crisis sanitaria, acompañada del alto índice de vacunación existente en España, permita reducir la “presión normativa”. Ignacio García Magarzo, director general de la asociación, lo explica así: “El comercio en general y la distribución alimentaria en particular han demostrado desde los primeros momentos de la pandemia una gran responsabilidad a la hora de aplicar las medidas de seguridad necesarias para la protección de clientes y empleados, a menudo adelantándose a la legislación. Por lo tanto, la vuelta a la normalidad normativa bajo los principios de confianza y racionalización es urgente para liberar recursos tanto de las empresas como de las administraciones públicas con medidas como, por ejemplo, la práctica del silencio positivo”.

Cuando las normas relativas al Covid-19 se traducen a euros, el coste que le supone al comercio su aplicación se eleva a 514 millones de euros, según el informe de la CEOE ‘Nuevos costes soportados por el sector comercial en España’, publicado en marzo de 2021.

Normas medioambientales

Además del Covid-19, al comercio le preocupa también el coste asociado a otras reglamentaciones, “especialmente las relacionadas con el medioambiente, que están en periodo de discusión parlamentaria”, indican desde Asedas. Y añaden: “Se trata del impuesto a los envases de plástico no reutilizable, que podría suponer para las empresas un coste de 245 millones de euros, o el impuesto al depósito en vertedero, que alcanzaría 16 millones de euros. A ellos, hay que sumar los costes que ya se están soportando, como la tasa Sandach de residuos orgánicos, que asciende a 130 millones de euros, la sustitución del plástico de un solo uso, que suma 42 millones de euros, o el impuesto a gases fluorados que ha costado 33 millones de euros y que se puede ampliar en un futuro próximo. Además, los costes soportados directamente por el consumidor son también importantes, como el incremento del IVA en las bebidas azucaradas, que alcanza 220 millones”.

En este sentido, García Magarzo afirma: “El sector ha asumido los costes sobrevenidos a consecuencia de la pandemia dentro su responsabilidad hacia la sociedad como sector esencial para garantizar el abastecimiento a la población de todos aquellos productos que necesitan aún en los momentos más complicados. Sin embargo, nos preocupa la carga normativa, en muchos casos asociada a nuevos impuestos, que se pretende aplicar a través de varios proyectos legislativos en tramitación. Esto podría afectar a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del modelo de distribución alimentaria que tenemos en España y que es capaz de asegurar el acceso a una alimentación variada, completa, segura y a precios competitivos a menos de 15 minutos de la gran mayoría de los consumidores”.

Y desde la asociación añaden: “La distribución está plenamente comprometida con los objetivos medioambientales recogidos en la Agenda 2030, pero defiende que la manera de alcanzarlos no es a través de una carga impositiva extraordinaria, que puede dañar la competitividad empresarial teniendo un efecto contrario al deseado”.