La ley de residuos y suelos contaminados, a debate en el Clúster de Innovación en Envase y Embalaje

La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP’s), los objetivos de reutilización y el impuesto al plástico contemplados en la nueva ley de residuos y suelos contaminados (Ley 7/2022), cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023, han sido algunos de los aspectos debatidos en la sesión organizada por el Clúster de Innovación en Envase y Embalaje, en el marco de los ‘Diálogos Intraclúster’

Esta legislación, que pretende avanzar en la economía circular, responde a la exigencia de la Unión Europea de que cada estado miembro aporte 0’8 euros por cada kilogramo de plástico generado, aunque cada país está estableciendo cómo deben generarse esos recursos. José Guaita, presidente de Heura, ha sido uno de los participantes en el foro, recordando que en España “pese a que la responsabilidad recae sobre el envasador, toda la cadena productiva está dentro de esta ley”. 

En su opinión, “a pesar del avance de las tecnologías para envases industriales y comerciales, todavía no tenemos nada que nos ayude al cumplimiento para que sea un proceso económicamente sostenible”. Durante su intervención señaló la desconexión que aprecia entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, que dificulta la comprensión y el desarrollo de medidas por parte de los fabricantes y productores de envase y embalaje.

En la misma línea, Faysal Assakale, tax manager de Ayming, opina que el impuesto al plástico “no solo recoge aspectos económicos, sino que también requiere una serie de formalidades de contabilidad, existencias y facturación, por lo que esta ley va a traer consigo un cambio muy importante en las empresas a nivel de gestión”.

Lorena Rodríguez, Packaging Leader Group en Aimplas, ha recordado que hasta 2023 el impuesto se puede aminorar a través de una declaración responsable, “una obligación del productor de aportar toda la información necesaria al comprador para demostrar el contenido de plástico virgen del producto, además de la especificación del impuesto en la facturación de la compra”.

La comunicación, pilar básico

Mariana Reina, experta legal de Aimplas, ha insistido durante su intervención que “la comunicación con el consumidor y toda la cadena de valor es clave, pues si este lo interpreta como desechable, no conseguiremos un proceso de economía circular completo y ese residuo va a generar más peso en el recibo”. En la misma línea, Assakale señalaba que la información y la trazabilidad de los productos se han vuelto esenciales. 

Europa ha establecido que en 2030 un 20% de los envases ha de ser reciclado y un 30% en 2035. Paula Torrijos, técnico de proyectos de la unidad de envases y economía circular en Itene, recordaba en la sesión las limitaciones que existen para cumplirlo. “No todos los envases se van a poder transformar a reutilizables y volver al inicio de la cadena de valor, pero pueden convivir con sistemas híbridos, en los que a nivel doméstico los usuarios le darán un nuevo uso, prolongando así su vida útil”.

Los expertos, pese a los problemas que suscita la aplicación de la nueva ley por el cambio que implica en todo el sector del packaging, consideran que en España se mantienen unas limitaciones “más conservadoras ante el resto de Europa”, señalan en el Clúster.