El gobierno propone soluciones para abordar la crisis agrícola

Las protestas de los agricultores en huelga continúan en varias regiones de España, siendo un tema de debate tanto en el sector político como entre los ciudadanos debido a las movilizaciones organizadas en Madrid para hoy, miércoles 21 de febrero. Y es que se espera que hasta 500 tractores partan desde cinco puntos de inicio diferentes, incluyendo Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robregordo, El Espinar (Segovia) y Guadalajara. Su objetivo es expresar el descontento en favor de una agricultura y ganadería justas, así como exigir condiciones más estrictas para la importación de alimentos de países extracomunitarios.

La marcha está programada para llegar a la Plaza de la Independencia alrededor de las 10:30 horas, donde comenzará una manifestación a pie seguida de 30 tractores. El recorrido incluirá la calle Alfonso XII y finalizará en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación alrededor de las 14:00 horas. Además, se ha convocado otra manifestación para el lunes, 26 de febrero, que partirá del Ministerio de Agricultura y terminará en la oficina de la Comisión Europea en el Paseo de La Castellana. Por lo que se han implementado dispositivos especiales de regulación del tráfico para garantizar la seguridad vial durante la protesta.

Como medidas concretas, se ha propuesto a las comunidades autónomas que apoyen a los agricultores y ganaderos con el cuaderno digital de explotación, así como simplificar el PAC para aliviar la carga administrativa tanto de los agricultores como de los ganaderos. También, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se defiende la necesidad de implementar cambios urgentes en la condicionalidad reforzada, introducir flexibilidades en los planes estratégicos y fortalecer las cláusulas espejo para contrarrestar la competencia desleal de terceros países.

 Objetivos pendientes

Los agricultores y ganaderos españoles se han unido al coro de protestas que resuenan en toda Europa, manifestando su descontento ante una serie de desafíos que encara el sector. Se están enfrentando a costes de producción en constante aumento, cosechas disminuidas y una burocracia que perciben como distante y abrumadora.

Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión Europea ha cedido parcialmente en sus políticas ambientales al retrasar los plazos de implementación, en tanto que, en España, el Gobierno está trabajando para mitigar la indignación de los agricultores y ganaderos justo antes de una reunión ministerial europea crucial para el sector, planeada para el día 26 de febrero.

Las demandas de los agricultores españoles son claras y contundentes: quieren precios justos que reflejen los verdaderos costos de producción, un mayor control sobre las importaciones de alimentos de fuera de la UE para evitar una competencia desleal y una reducción significativa de la burocracia asociada con las ayudas públicas y las regulaciones.

En cuanto a los precios, los agricultores argumentan que los actuales no cubren los crecientes gastos de producción ni la competencia global, lo que hace que sus esfuerzos sean poco rentables. Además, se sienten perjudicados por la competencia desleal de productos agrícolas importados de países con costes laborales más bajos, lo que ejerce una presión a la baja en los precios locales.

Por último, los agricultores están luchando contra la abrumadora carga burocrática que enfrentan, lo que dificulta su trabajo diario y afecta negativamente a su rentabilidad. Buscan simplificar los procesos administrativos para poder concentrarse en mejorar la eficiencia en la producción y distribución de alimentos.

De esta forma, el sector agrícola se encuentra en medio de un panorama desafiante con pocas soluciones claras a la vista. Mientras los consumidores luchan por equilibrar sus presupuestos para llenar sus cestas de la compra ante una cadena agroalimentaria muy tensionada, los agricultores expresan su descontento llevando sus tractores a las carreteras. El resultado final de esta situación aún está por determinarse.

El diálogo continúa

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, enfatiza la dedicación del Gobierno a mantener un diálogo constante con agricultores y ganaderos, atendiendo sus preocupaciones y buscando soluciones para sus legítimos intereses.

En el marco de la sesión de control al Gobierno en el Senado, Planas destaca que, como resultado de este proceso de consulta y debate, se han presentado 18 medidas a las organizaciones agrarias, alineadas con los objetivos gubernamentales de promover la rentabilidad y sostenibilidad agraria, así como el futuro rural.

Entre estas medidas, se ha mencionado la simplificación de la Política Agraria Común (PAC) en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, programado para el próximo lunes en Bruselas. También se ha hecho hincapié en mejoras en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, con el objetivo de garantizar una retribución justa a los productores primarios.

El ministro ha resaltado el impacto positivo de estas medidas, citando un aumento de los precios en origen en varios sectores agrícolas y ganaderos entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Sin embargo, reconoce la necesidad de seguir avanzando, anunciando la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario para mejorar los planes de inspección y fortalecer la colaboración con las comunidades autónomas.

En cuanto al "cuaderno digital", una herramienta opcional, se ha destacado su potencial tanto presente como futuro, promoviendo su adopción entre agricultores y ganaderos con incentivos gubernamentales.

De esta forma, busca recordar al sector el considerable esfuerzo presupuestario realizado en los últimos dos años, con un paquete de medidas valoradas en más de 4.000 millones de euros, incluyendo casi 1.400 millones en ayudas directas.

Importancia de las comunidades autónomas

De esta forma, otro aspecto en el que ha incidido el ministro es el papel crucial de las comunidades autónomas, a las que insta a asumir su responsabilidad y colaborar estrechamente con el Gobierno para abordar las preocupaciones de los agricultores y ganaderos.

En un encuentro del Consejo Consultivo de la PAC en preparación para la próxima reunión de Ministros de la UE planificada para el día 26, Planas solicitó a las comunidades autónomas apoyo para implementar medidas gubernamentales y abordar la crisis agraria. A su vez, destacó la importancia de la colaboración entre gobiernos central y autonómicos, subrayando el papel clave de las comunidades en mejorar la planificación de inspecciones y coordinar las ayudas para jóvenes agricultores.

Otro asunto que ha abordado el ministro es la incorporación de jóvenes al sector agrícola y ganadero, destacando su importancia como uno de los principales desafíos actuales. Además, ha comunicado a los consejeros autonómicos las propuestas de simplificación de la PAC que España presentará en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura, junto con las 18 medidas presentadas a las organizaciones agrarias.

El ministro ha pedido a las comunidades autónomas que apoyen a los agricultores y ganaderos con el cuaderno digital de explotación y que refuercen la contratación de seguros agrarios debido al aumento de la siniestralidad por el cambio climático. También destacó la importancia de que las comunidades autónomas participen en la inspección y control de la ley de la cadena alimentaria en colaboración con la Agencia de Información y Control Alimentario, especialmente con su próxima transformación en una agencia estatal.

De esta forma, España propone simplificar la PAC para aliviar la carga administrativa de agricultores y ganaderos. Esto incluye derogar la rotación de cultivos para 2024, eliminar la obligación de dejar superficies no productivas y no requerir la foto georreferenciada en la declaración de la PAC. También se sugiere ampliar el catálogo de ecorregímenes para incluir zonas áridas y hacer voluntario el cuaderno digital. El ministro Planas abogará por cambios inmediatos en la condicionalidad reforzada, flexibilidades en los planes estratégicos y cláusulas espejo más sólidas para evitar la competencia desleal de terceros países, así como revisar la directiva de prácticas comerciales desleales, entre otras propuestas.