Apoyo a la solvencia de empresas y autónomos afectados en su actividad por el Covid-19

Con la normativa recién aprobada que regula la ampliación del plazo de duración de los ERTES hasta el 30 de septiembre, cada vez más restrictiva y menos ventajosa para las empresas salvo sectores cerrados o que se cierren en el futuro, así como la renovación de las ayudas a los autónomos, entendemos que la línea de ayuda más práctica, rápida y más fácil de aplicar actualmente es la que se ha venido a denominar 'Líneas de ayudas de apoyo a la solvencia de empresas y autónomos afectados en su actividad por el Covid-19'.

De una forma u otra, han sido todos los sectores de actividad, por lo que hemos considerado prioritario, dada su fecha final de vigencia el próximo 30 de junio, ocuparnos de ella para facilitar su tramitación.

Naturaleza de la ayuda

Se trata de las denominadas 'ayudas de carácter finalista' pues van destinadas a satisfacer deudas, tanto con proveedores como con acreedores, financieros o no, y costes fijos que se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

Es muy importante indicar que se canalizan, a pesar de su naturaleza y financiación estatal, a través de las respectivas Comunidades Autonómicas, mediante los portales habilitados al efecto.

Destinatarios de la ayuda

Quienes pueden beneficiarse de esta medida son sociedades mercantiles así como empresarios individuales autónomos que realicen unas de las actividades incluidas en los correspondientes anexos de cada Comunidad Autónoma (el Acuerdo del Consejo de la Comunidad de Madrid es de 28 de abril, (B.O.C.M. 30 de abril) es el Anexo V) que no es sino una puesta al día del Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Supuestos

Las empresas o empresarios individuales deben encontrarse en alguna de estas situaciones:

• Que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020, haya caído más de un 30% con respecto a 2019. Se entenderán, entre otras, como entidades incluidas las comunidades de bienes y sociedades civiles.
• Que apliquen al régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
• Que sean grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada.

Requisitos para recibir la ayuda

Aparte del domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma respectiva y estar incluido en el Anexo de actividad, que es muy amplio y hay pocas excepciones, es necesario que se asuman las siguientes obligaciones:

Cuantía de la ayuda

En el caso de empresarios en estimación objetiva será siempre un máximo de 3.000 euros. En el resto de los supuestos, es decir, la inmensa mayoría, los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será de:

• El 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.
• El 20% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

La ayuda máxima nunca podrá ser superior a los 200.000 euros.

Destinos de la ayuda

La cuantía se debe destinar a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Con carácter preferente se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público. El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas.

Enrique Ortiz Sierra,
abogado y experto en asesoría fiscal y laboral de
Ortiz Sierra Abogados