La nueva Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe la venta a pérdida y endurece sus sanciones

Tal como había anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha presentado hoy ante el Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Según se ha indicado desde su gabinete, estas modificaciones han sido aprobadas en forma de Real Decreto Ley y contemplan "medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria".

Así, estas modificaciones tienen como finalidad evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones –productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores–.

Principales novedades

• Costes de producción:

"La nueva norma introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios", han destacado desde el MAPA. En otras palabras, los contratos incluirán obligatoriamente que el precio pactado –entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos y su primer comprado– cubre los costes de producción.

• Actividades promocionales:

"Para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, se basen en un marco de acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptase a las circunstancias particulares de los distintos operadores".

En este sentido, desde el MAPA se destaca que las actividades promocionales no podrán inducir a error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos.

• Prohibición de la venta a pérdida o destrucción de valor en la cadena:

Queda prohibido destruir valor a lo largo de la cadena. "Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción", han explicado desde el MAPA.

• Publicidad de las sanciones graves y muy graves: 

En el nuevo Real Decreto-Ley se consideran graves, infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Y se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.

Además, adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves que sean firmes, en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial.

• Más medidas actualizadas:

En materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes ganaderos y agricultores que reciben ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.

En el ámbito del empleo, igualmente, se reduce el número mínimo de jornadas cotizadas (peonadas) para acceder al subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios, y se contemplan bonificaciones parala conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos

Otras problemáticas del sector

Como paso previo, Planas compareció ayer, a petición propia, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, para presentar las líneas básicas de actuación de su Departamento en la presente legislatura, encaminadas a afrontar los desafíos del sector primario. Como punto de partida, el ministro reconoció que la actual situación del campo, "en gran parte, se trata de problemas estructurales que no son de fácil ni rápida solución". Entre los principales hándicaps para el sector, destacó: la erosión de los márgenes de agricultores y ganaderos, la atomización de la oferta que debilita su poder de negociación; la delicada situación de determinados sectores, en especial el oleícola y el hortofrutícola; las dificultades en el comercio internacional, como son el veto ruso, el Brexit o los aranceles de Estados Unidos, y los fenómenos atmosféricos asociados al cambio climático.

Para abordar la problemática de la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agroganaderas, el MAPA constituyó la Mesa de Diálogo Agrario con las organizaciones profesionales agrarias y reactivó el Observatorio de la Cadena Alimentaria para relanzar los estudios sobre la formación de los precios de los productos, que se habían dejado de realizar en 2014, con el objetivo de "impulsar un reparto más justo del valor".  La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, así como la introducción de cambios en la Ley de Organizaciones Interprofesionales, para que puedan desarrollar más funciones y mejorar su funcionamiento, fueron dos de las medidas que se anunciaron con acción inmediata.