Comercio y Hostelería sellan una alianza para reivindicar medidas de futuro para el sector

La grave situación generada por la crisis sanitaria ha tenido dramáticas consecuencias para el comercio y la hostelería, que se reflejan en una pérdida de facturación de 82.000 millones de euros, que ya ha provocado el cierre de 148.000 establecimientos y la destrucción de alrededor de medio millón de puestos de trabajo. Ante la transcendencia de la coyuntura por la que atraviesa el sector, las principales patronales de estos sectores se han unido en una gran alianza "con el fin de exigir a las diferentes Administraciones Públicas la adopción de medidas compensatorias por los graves perjuicios causados por los cierres y limitaciones de actividad establecidos", según destacan fuentes de la nueva Alianza de Comercio y Hostelería de España.

Las organizaciones integrantes de la Alianza de Comercio y Hostelería de España son:  CEC, Hostelería de España, Marcas de Restauración, Comertia, Acotex, Amicca, Anceco, Eurelia y FECE, actuando como portavoces, Carlos Moreno, portavoz de la Confederación Española de Comercio (CEC), y Paula Nevado, secretaria general de Marcas de Restauración. Estas patronales agrupan conjuntamente a más de 730.000 establecimientos  y generan 4,9 millones de puestos de trabajo. Asimismo, la agrupación ha hecho extensiva su invitación al resto de organizaciones afectadas por la actual situación.

Como punto de partida de sus reivindicaciones, la Alianza recuerda que "los sectores comerciales y de hostelería tienen un peso en la economía española del 19,2%, siendo una de las actividades más relevantes de la estructura productiva". A lo que añaden que "constituyen la parte más importante de la economía española en términos de empleo, con 17,1% afiliados a la seguridad social, según la CEOE".

La unión de estas entidades surge tras casi un año de "cierres forzados de establecimientos, de continuas y rigurosas limitaciones en su actividad". Situación que ha provocado que las empresas de ambos sectores se encuentren "en situación crítica, tanto más grave cuanto no existen perspectivas a corto o medio plazo de que la situación vaya a cambiar".  Escenario que, según los principales servicios de estudios, "seguirá empeorando debido a la contracción del consumo privado en casi un 14% a causa de las restricciones y cierres de actividad decretados de manera sucesiva por las diferentes Administraciones Públicas", declaran desde la agrupación.

En su comunicado, la Alianza reitera el firme compromiso del comercio y la hostelería en la lucha contra la pandemia,  poniendo el acento en recordar que "los establecimientos han adoptado sin dilación todas las medidas higiénico sanitarias fijadas por las Administraciones, esfuerzo que esas mismas Administraciones parecen haber despreciado al imponerles limitaciones continuas en su actividad". Las declaraciones van más allá, subrayando que "las políticas restrictivas contra el comercio y la hostelería no tienen base científica según ha reconocido el propio Ministerio de Sanidad, para quien el nivel de contagios producidos en locales de hostelería y comercio son enormemente reducidos, concretamente del 2,3% según los últimos datos de diciembre de 2020", destaca la plataforma.

Medidas demandadas desde la gran Alianza

En lo que han calificado como "imperiosa necesidad de supervivencia", la Alianza del Comercio y la Hostelería demanda de las Administraciones Públicas la adopción urgente de una serie de ayudas y medidas financieras, laborales, de alquileres y fiscales, en línea con las que ya se han aplicado  en otros países europeos

• Financieras
  • Incremento del periodo de carencia de los créditos ICO en 12 meses
  • Solución compensatoria para las empresas que no han solicitado ICO’s
  • Ayudas directas compensatorias, en proporción al descenso de ventas respecto al 2019
• Laborales
  • Prolongar los ERTE hasta diciembre de 2021
  • Posibilidad de flexibilizar la plantilla, bajo un criterio de proporcionalidad, después del periodo de ERTE, con el fin de evitar el cierre de más empresas.
• Alquileres
  • Ajustar los contratos a la interpretación de la cláusula rebus sic stantibus
  • Promover un periodo de “protección jurídica”, que impida la ejecución de avales o desahucios, como consecuencia de diferencias de abono de rentas, motivados por los procesos de negociación de los contratos.
• Fiscales
  • Reducción temporal de IVA, para facilitar y potenciar el consumo hasta recuperar el volumen de ventas normal.
  • Reducciones/exenciones de impuestos y tasas (IBI, IAE, Basuras…).