La distribución al unísono: "Es inviable y contraproducente" la cesta básica

Tal como anunciaron el viernes pasado en una rueda de prensa después de mantener una reunión con Alexandre de Palmas, director ejecutivo de Carrefour, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han participado en una mesa de diálogo junto con los responsables de las patronales Anged, Asedas y Aces, y con diferentes organizaciones de consumidores. Esta cita tenía un objetivo claro: debatir las medidas a seguir para contener la inflación, que ha disparado precios. Las asociaciones, por su parte, se han posicionado en contra de la propuesta de limitar los precios de los productos básicos.

Los ministros Díaz y Garzón, en sus respectivas cuentas de Twitter, declaraban que el fin de la reunión es lograr una cesta de la compra básica y facilitar cestas de consumo “asequibles y saludables”, comentaba el ministro. Por su parte, su compañera de Gobierno añadía que “es prioritario proteger a las familias ante la inflación”.

Ambos también han destacado que la propuesta de que la gran distribución se comprometa a ofrecer una cesta de la compra de productos básicos a precios asequibles no va en contra de la ley del Comercio ni de las normas de libre competencia: “La propuesta que hemos formulado es clara, perfectamente legal y, si repasan la ley de Comercio, verán que hay excepciones. A las grandes distribuidoras, como a la banca, le podemos pedir esfuerzos”, ha señalado Díaz.

Garzón, por su parte, ha insistido en este punto: “Hay grandes distribuidores que han tenido centenares de millones de euros de beneficios, incluso reparto de dividendos, y ahí está el margen para modelar los precios de nuestra propuesta. Ellas son las que tienen que concretar las fórmulas, Nosotros lo que hacemos es incentivar, empujar, presionar para que en última instancia las empresas puedan tener en consideración estos criterios”.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha apelado a la responsabilidad de todos los actores de la cadena alimentaria y, muy especialmente de la distribución, para conseguir la contención de los precios. El ministro ha defendido la necesidad de respetar la cadena alimentaria por sentido común empresarial y por obligación legal y ha matizado que los precios en toda la UE están a niveles "anormales" debido a la situación económica que estamos atravesando.

La distribución responde

Las asociaciones que representan a la distribución, ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), han emitido tras la reunión un comunicado conjunto en el que explican su postura contraria a establecer una cesta de la compra básica a precios cerrados, propuesta que consideran “inviable y contraproducente”.

Las organizaciones empresariales han recordado que “la propia dinámica competitiva del sector ha respondido a los problemas que la inflación genera en los consumidores. De hecho, todas las cadenas de distribución llevan meses trabajando para ofrecer una cesta de la compra más económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos”.

A continuación, reproducimos las razones por las que las asociaciones firmantes consideran "inviable y contraproducente" la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados:

•          Diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena (IPOD) que compara solo la diferencia entre precios de origen y destino, al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica, ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena. Otros estudios fiables, como los que elabora el Ministerio de Agricultura, no coinciden en absoluto con dicho análisis. La distribución alimentaria organizada tiene unos márgenes porcentuales muy reducidos como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas.

•          Ineficacia del acuerdo propuesto, ya que la estructura de la distribución alimentaria en España -definida por su escasa concentración– hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas. El comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos. Además, presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas. En cualquier caso, habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia.

•          Experiencias fallidas en otros países. Los acuerdos firmados por el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas. 

Asimismo, en el comunicado se señala que “los precios de la alimentación en España en los últimos 20 años se han mantenido extraordinariamente estables, con subidas que han coincidido con otra crisis de materias primas en 2007 y con la subida del IVA en 2012”. Y se insiste que, en la actualidad, “las causas del alza del IPC en alimentación son objetivas: alza del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas, agravado por la guerra de Ucrania”.

En este sentido, las asociaciones firmantes han propuesto varias acciones que, en su opinión, ayudarían a la contención del IPC alimentario, y que reproducimos a continuación: 

•          Bajada temporal del IVA de los alimentos –una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos–, suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio.

•          Precio de la energía sostenible para toda la cadena, y especialmente para la distribución alimentaria. El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y, por ello, se solicita un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores.

“La distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, ha demostrado en las dos últimas décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores. Por lo tanto, no es momento de dividir a la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación”, concluye el comunicado.

CEC: "La iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad"

De igual modo, la Confederación Española de Comercio había manifestado previamente a la reunión su "absoluto rechazo y malestar" ante la propuesta de la ministra de pactar con los grandes grupos de distribución la congelación de precios de una cesta básica de alimentos. En opinión de esta organización, "de salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad que no puede competir en márgenes ni asumir los costes".

La CEC destaca que, además, este anuncio llega en un momento especialmente complicado para el comercio de proximidad, que "viene soportando durante meses el desorbitado aumento de sus costes fijos (costes energéticos, alquileres, etc.) y de sus costes variables ante el alza del precio de los productos". Asimismo, advierten de que un acuerdo con las grandes distribuidoras "supondría para los formatos más pequeños una pérdida de empleo enorme y pondría en riesgo la continuidad de miles de comercios".

En palabras de Rafael Torres, presidente de CEC, "somos ante todo empresas familiares por lo que somos conocedoras de primera mano de la difícil situación que atraviesan muchos hogares españoles, por lo que llevamos rebajando márgenes y conteniendo precios desde hace meses, pero la solución para ayudar al consumidor (fin con el que nos mostramos totalmente comprometidos) no debe pasar en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad".

Facua, por la intervención de precios

Facua, por su parte, ha pedido al Gobierno que actué ante las “grandes subidas” de los productos básicos fijando precios máximos o topes a los márgenes de comercialización. “Se están produciendo numerosas subidas que no son el resultado de un aumento de costes derivado de la carestía de la electricidad y las gasolinas, sino de un incremento desproporcionado de los márgenes de beneficio para las grandes empresas de distribución”, afirman desde la organización.

Además, añaden: “En esta situación, muy grave, Facua defiende una política de intervención de precios de alimentos básicos, aunque está abierta a que las patronales de la distribución ofrezcan otras soluciones, como el compromiso de bajar de forma considerable los precios y el lanzamiento de cestas básicas que paqueticen los productos con grandes descuentos”.