Tras las elecciones generales celebradas el pasado domingo 10 de noviembre, los partidos políticos PSOE y Unidas Podemos han llegado a un preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como “referente de la protección de los derechos sociales en Europa”, tal y como recoge el comunicado hecho público por dichas formaciones.
Ambos partidos comparten “la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea”, según indican.
Los detalles del acuerdo se harán públicos en los próximos días. Actualmente, PSOE y Unidas Podemos están “avanzando conjuntamente en una negociación encaminada a completar la estructura y funcionamiento del nuevo gobierno que se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones”, tal y como se desprende del comunicado.
Diferentes sectores políticos y económicos han estado reclamando desde las pasadas elecciones del 28 de abril consistencia en el gobierno español. Una petición a la que recientemente se sumó el presidente de Aecoc, Javier Campo, que reclamó la necesidad de un “gobierno estable” en el marco del 34º Congreso de Gran Consumo de Aecoc, afirmando que “la economía se está desempeñando bien: sobre un 2% este año, pero está yendo de más a menos”. Según destacó Campo, “el consumo interno crecerá este año sobre el 1%”. Sin embargo, las exportaciones españolas no han tenido prácticamente ningún incremento y “están completamente paradas”.
Aecoc reclama medidas urgentes
Con motivo de la celebración de las elecciones generales, desde Aecoc se ha instado “al próximo ejecutivo a emprender reformas legislativas que superen el cortoplacismo y que giren entorno al incremento del empleo, la mejora de la productividad y la reducción de la deuda y déficit públicos, para mejorar el crecimiento potencial de la economía”. Estas medidas son:
- Reformar el mercado laboral para facilitar la flexibilidad en la contratación, y en el proceso de fijación de salarios. Medidas bienintencionadas como la subida del salario mínimo interprofesional no han servido para activar el mercado laboral y, de hecho, han sido un freno para el crecimiento del empleo
- Reformar el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad
- Apostar por la formación dual y por módulos formativos de especialización de corta duración para incrementar la empleabilidad de los parados de larga duración y reducir el paro estructural
- Fomentar la innovación en las empresas, reduciendo los costes de residencia para atraer a compañías punteras y facilitar su instalación, e incentivar la adopción de nuevas tecnologías en las sociedades españolas
- Propiciar el incremento de tamaño del parque empresarial español para mejorar su competitividad y los índices de productividad
- Asegurar la eficiencia del Mercado Único Interior evitando su fragmentación
- Racionalizar el gasto público, reduciendo subvenciones y duplicidades administrativas
- Limitar las medidas que impliquen una subida de impuestos, que afectaría a la confianza de los consumidores, penalizaría el consumo y, en consecuencia, frenaría el crecimiento económico
