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El hurto multirreincidente en el comercio español cuesta a la Administración Pública 300 millones de euros al año, según las estimaciones recogidas en un documento de posicionamiento aprobado por la Junta Directiva de la CEOE. “Teniendo en cuenta la evolución de denuncias, juicios suspendidos y sentencias, se concluye que esta práctica sale gratis al delincuente profesional, supone un despilfarro para las Administraciones Públicas, un sobrecoste innecesario para el ciudadano y la desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, han afirmado desde la organización

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