La protección de datos de las personas físicas, como derecho fundamental, se ha ido convirtiendo en uno de los caballos de batalla más importantes respecto al cumplimiento normativo de las empresas. En este sentido, no sólo ha supuesto una necesidad permanente de puesta al día de los procedimientos (toma de consentimiento, configuración de formularios, tanto electrónicos como en papel, envío de correos, etc.) de las compañías, sino que ha existido siempre la sombra alargada de posibles sanciones que, en esta materia, son de cuantías muy elevadas